El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó ante la Comisión Legal de Cuentas los resultados de los informes fiscales y financieros correspondientes a la vigencia 2024.
Hizo un llamado urgente a un manejo responsable y realista de las finanzas públicas, ante los crecientes desafíos presupuestales que enfrenta el país.
Durante su intervención, el jefe del ente de control explicó que, aunque a julio de 2025 el recaudo tributario presenta un incremento frente al año anterior, este se ubica un 5,3 % por debajo de la meta establecida para la fecha, lo que podría derivar en un nuevo incumplimiento de las metas anuales, como ocurrió en 2024.
El organismo alertó que la gestión financiera del Gobierno Nacional en 2024 estuvo marcada por un nivel de déficit presupuestal sin precedentes, que alcanzó los $55,4 billones, así como por una baja ejecución de la inversión pública, que apenas llegó al 57 %. A esto se suman las reservas presupuestales constituidas durante esa vigencia, que alcanzaron los $61,7 billones, con un incremento del 76,5 % frente a 2023.
El Contralor señaló que una programación presupuestal deficiente y la constitución de reservas sobredimensionadas impactaron negativamente la eficiencia y transparencia del gasto público. Además, resaltó que las vigencias futuras han tenido una ejecución en promedio del 79 % entre 2012 y 2024, lo que obliga a revisar su aplicación para evitar recursos inmovilizados y permitir su reasignación a necesidades prioritarias.
La Contraloría también advirtió sobre la acumulación de compromisos pendientes: en 2023 quedaron sin pagar reservas por $9,7 billones y en 2024 se sumaron obligaciones por $63,4 billones. En total, $73,2 billones deberán cubrirse con ingresos de 2025, generando una presión significativa sobre el manejo de caja.
En cuanto a la deuda pública, el informe reveló que al cierre de 2024 ascendió a $1.175,1 billones, equivalentes al 68,9 % del PIB, con el agravante de que cada vez se destinan más recursos al pago de intereses que a inversión productiva. En el plano territorial, los departamentos reportaron una deuda de $8,02 billones, concentrada en un 59,1 % en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico.
De cara al futuro inmediato, la Contraloría proyecta que, tras la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, el déficit fiscal llegará al 7,1 % del PIB en 2025 ($129,6 billones) y al 6,2 % en 2026 ($119,6 billones). Además, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $556,9 billones, presenta un desbalance de $26,3 billones, cuya cobertura depende de una ley de financiamiento aún no radicada en el Congreso.
“El país necesita un pacto real de eficiencia del gasto, que evite un crecimiento desbordado de los gastos de funcionamiento y asegure que cada peso del presupuesto se ejecute con responsabilidad, transparencia y efectividad en beneficio del bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible”, concluyó el Contralor Rodríguez.
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