El alto tribunal unificó las demandas presentadas contra el incremento del 23 % decretado por el Gobierno y avanzará hacia una sentencia que determinará si la fijación del salario mínimo para 2026 cumplió con los requisitos legales establecidos en Colombia.
La discusión sobre la legalidad del salario mínimo de 2026 entró en una etapa definitiva. El Consejo de Estado cerró la fase probatoria dentro del proceso que busca aclarar si el aumento del 23 % decretado por el Gobierno Nacional se ajustó a la normativa vigente, luego de que no se lograra un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Ejecutivo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
La controversia gira alrededor del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026. Diversos ciudadanos, gremios y organizaciones presentaron acciones judiciales argumentando posibles irregularidades en la forma como se adoptó la medida y en los criterios utilizados para justificar el incremento.
Con el propósito de evitar decisiones contradictorias, el Consejo de Estado decidió acumular varias demandas en un solo expediente. De esta manera, todos los cuestionamientos serán estudiados de forma conjunta y la corporación emitirá una única sentencia que definirá si el incremento salarial se mantendrá o si, por el contrario, existieron fallas que afecten su validez jurídica.
Uno de los aspectos más relevantes que deberá analizar el tribunal será si el Gobierno tuvo en cuenta de manera adecuada los factores exigidos por la Ley 278 de 1996, entre ellos la inflación, la productividad laboral, el crecimiento de la economía y la capacidad de pago de las empresas. Estos elementos constituyen la base legal para determinar el salario mínimo cuando no existe consenso entre las partes de la negociación.
Asimismo, los magistrados examinarán el alcance del concepto de “salario vital”, una referencia utilizada por el Gobierno y relacionada con estudios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El análisis buscará establecer si este criterio podía servir como fundamento para el aumento o si terminó desplazando los parámetros definidos por la legislación colombiana.
La revisión judicial también incluye el auxilio de transporte fijado para 2026, una decisión que acompañó el incremento salarial y que ahora será evaluada para determinar si contó con una motivación técnica suficiente y una adecuada sustentación económica.
Otro punto clave del proceso es que el Consejo de Estado rechazó los argumentos presentados por entidades del Gobierno que pretendían cuestionar aspectos formales de las demandas. Según la corporación, no se demostraron las irregularidades alegadas, por lo que el proceso continuará su curso normal hasta la decisión de fondo.
Tras concluir la etapa probatoria y al no existir diligencias pendientes, el caso quedó listo para una sentencia anticipada. Antes de que se produzca el fallo, las partes involucradas tendrán un plazo para presentar sus alegatos finales, mientras que el Ministerio Público deberá emitir su concepto sobre la controversia.
La futura decisión del Consejo de Estado será determinante para despejar las dudas jurídicas que rodean el aumento del salario mínimo de 2026 y podría convertirse en un precedente importante sobre los límites y criterios que deben aplicarse cuando el Gobierno interviene directamente en la fijación de la remuneración mínima de los trabajadores colombianos.
