Bogotá, 8 de septiembre de 2025 —
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes continuar el juicio oral contra el exgobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño, en un negocio valorado en más de 18.000 millones de pesos.
El proceso judicial, que se sigue por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y falsedad ideológica en documento público, tuvo un giro durante la audiencia de este lunes debido a la ausencia del abogado de confianza de Romero, Miguel Ángel del Río.
Ante esta situación, el magistrado Ariel Torres designó una abogada de oficio, Ruth Marina Pulido, para continuar con la diligencia. Sin embargo, el exgobernador expresó su rechazo a esta decisión durante la audiencia.
“No acepto esta decisión de la Sala. Esto de acelerar a como dé lugar ya nos lo hicieron y fue una barbaridad”, manifestó Romero, quien argumentó que no fue notificado de la designación de la abogada suplente y que ella no conocía la estrategia de defensa que se ha venido construyendo.
“Solo el abogado titular puede nombrar a un suplente, por lo que considero que esto viola mi derecho al debido proceso y a la defensa”, añadió.
Pese a su desacuerdo, Romero agradeció la disposición de la abogada asignada, pero insistió en que requiere la asistencia de un profesional de su absoluta confianza para esta etapa del proceso.
La abogada Pulido, por su parte, reconoció que no conocía el expediente a cabalidad, aunque fuentes del proceso confirmaron que tenía acceso a la documentación desde el pasado 19 de julio.
Antecedentes y contexto del caso
La investigación se inició en 2017 luego de una queja ciudadana que alertaba sobre posibles irregularidades en la contratación para la venta de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño en 2016. En ese entonces, Camilo Romero era gobernador del departamento y la contratación se habría realizado durante un viaje suyo, con la gestión delegada al Secretario de Hacienda de ese momento.
En el 2024 la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción disciplinaria de suspensión por cuatro meses contra Romero por no vigilar ni controlar adecuadamente el proceso. El órgano de control evidenció que la adjudicación se realizó sin garantizar la libre concurrencia de oferentes, ya que solo una empresa tuvo acceso al decreto que fijaba los precios y condiciones de venta.
En su fallo, la Procuraduría calificó la conducta de Romero como falta grave a título de culpa grave y estableció una sanción económica equivalente a más de 31 millones de pesos.
Procesos judiciales previos
El juicio oral en la Corte Suprema comenzó en enero de 2022. Desde entonces, el proceso ha tenido varias controversias procesales. En diciembre de 2022, el abogado Miguel Ángel del Río solicitó la nulidad de lo actuado, petición que fue negada en abril de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia, argumentando que la defensa presentaba tácticas dilatorias.
La abogada Ruth Marina Pulido, quien actualmente ejerce como suplente, también solicitó en enero de 2022 aplazar la audiencia alegando falta de tiempo para preparar la defensa, petición que la Corte igualmente negó.
Perfil del investigado
Camilo Ernesto Romero Galeano, nacido en Ipiales, es periodista, diplomático y político colombiano. Fue gobernador de Nariño entre 2016 y 2019 y designado embajador de Colombia en Argentina por el presidente Gustavo Petro, cargo que asumió en octubre de 2022 y del que renunció en enero de 2025.
