En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental realizada en Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó los avances de la Política Nacional de Drogas 2023–2033, destacando el giro histórico que deja atrás el enfoque exclusivamente represivo para priorizar la vida, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la reducción de riesgos y daños.
Durante el encuentro, la cartera de Justicia lideró un espacio en el que se exhibieron iniciativas productivas y sostenibles impulsadas por comunidades que, con apoyo estatal, han encontrado en la bioeconomía una alternativa para superar la dependencia de los cultivos de uso ilícito en diversas regiones del país.
A través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, se socializaron proyectos como Tropical Cannabis, pionero en el desarrollo de biocombustibles y fibras a partir del cáñamo, y CaryO, iniciativa de dermocosméticos elaborados con cacay en el Guaviare, que vincula a familias campesinas y genera ingresos en armonía con los bosques.
Comunidades de San José del Guaviare compartieron su experiencia en procesos de transición voluntaria hacia modelos económicos sostenibles que ayudan a conservar la selva y fortalecen la organización comunitaria.
“Gracias a esta política no ha sido necesario el azotamiento. Ya no se trata de perseguir ni fumigar, sino de construir con las comunidades. Ahora vivimos con dignidad, sin miedo y en paz con la selva”, expresó Hermides Moreno, uno de los productores beneficiados.
Expertos internacionales resaltaron el liderazgo de Colombia al integrar las agendas de política de drogas y protección ambiental, al reconocer que la deforestación y la degradación de los territorios están vinculadas con economías ilícitas y requieren soluciones integrales para proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas.
Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que esta política marca un paso decisivo hacia un modelo que combate las economías criminales, pero que a la vez promueve oportunidades legales, sostenibles y dignas para las familias rurales del país.
