La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red delictiva conformada por integrantes y exintegrantes de la Fuerza Pública que, presuntamente, se dedicaba al tráfico ilegal de armas, municiones y accesorios de uso privativo de las autoridades.
Según las investigaciones, los involucrados habrían extraído armamento de depósitos oficiales y alterado las características de pistolas, revólveres, rifles y otros elementos bélicos para comercializarlos de forma clandestina. Las armas eran vendidas a particulares, empresas de seguridad privada e incluso a organizaciones ilegales.
La red estaría liderada por Jorge Alexander Pineda Ramírez, señalado cabecilla de la organización. También fueron capturados el subcomisario Jehicinio Ciro Cardona y el intendente jefe Fabián Adrián Cuestas Beltrán, ambos pertenecientes a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) de la Policía Nacional; el sargento retirado del Ejército Nacional, Carlos Felipe Rincón Veleta, quien se desempeñó como armero en diversas unidades militares; y Jorge Armando Torres Reyes, dueño de un establecimiento de artículos militares.
En diligencias conjuntas adelantadas por la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá y Zipaquirá (Cundinamarca), fueron incautadas 20 armas cortas, un rifle de alta precisión, una escopeta, dos mini Uzi, un fusil, 51 proveedores, más de 3.400 cartuchos, 33 cajas de munición, cinco celulares y una importante suma de dinero: 152 millones de pesos y 1.105 dólares en efectivo.
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La Fiscalía les imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Ciro Cardona se le agregó el cargo de utilización ilegal de uniformes e insignias, y a Rincón Veleta, el de tráfico de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Rincón Veleta y Torres Reyes cumplirán la medida en un centro de reclusión militar, mientras que los demás permanecerán bajo detención domiciliaria.
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La Fiscalía resaltó que esta acción judicial responde al compromiso institucional de combatir la criminalidad organizada y preservar el control estatal sobre el armamento legal en el país.
