La exconsejera presidencial para las regiones seguirá vinculada al proceso por presuntos sobornos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía la acusa de lavado de activos y tráfico de influencias.
Un juez ordenó la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que aceptó la solicitud de la defensa por vencimiento de términos. Según el despacho, desde la radicación del escrito de acusación habían transcurrido 329 días, por encima del plazo legal de 240 días sin que avanzara el juicio oral. (ELESPECTADOR.COM)
Ortiz estaba privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 y se encontraba recluida en la Escuela de Carabineros, en Bogotá. (Semana)
La exfuncionaria está acusada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. El ente investigador sostiene que habría servido como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a congresistas para favorecer el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso. (ELESPECTADOR.COM)
De acuerdo con la investigación, Ortiz habría recibido instrucciones o participado en movimientos relacionados con la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. Ambos excongresistas también han sido vinculados al escándalo y permanecen privados de la libertad, según reportes judiciales. (ELESPECTADOR.COM)
Uno de los principales señalamientos contra Ortiz proviene de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien aseguró que ella habría actuado como enlace o “mensajera” para recibir y entregar el dinero. También ha sido mencionado Olmedo López, exdirector de la entidad, dentro de la matriz de colaboración con la justicia que permitió avanzar en varias líneas de investigación del caso. (Semana)
El escándalo de la UNGRD se originó por presuntas irregularidades en contratos de la entidad, entre ellos la compra de carrotanques para La Guajira. Desde allí, la investigación se amplió hacia un supuesto esquema de sobornos y entrega de contratos para obtener apoyo político en el Congreso. (Reuters)
Aunque recupera la libertad, Sandra Ortiz no queda desvinculada del proceso. La acusación en su contra continúa y deberá comparecer a las diligencias judiciales que siguen dentro del juicio. La exconsejera ha negado los señalamientos y ha denunciado presuntas presiones de la Fiscalía para declarar contra otros funcionarios del Gobierno. (Cambio)
La decisión judicial no resuelve de fondo si Ortiz es culpable o inocente. Su libertad se concede por razones procesales, mientras el caso continúa bajo la presunción de inocencia y con las pruebas que deberán ser debatidas ante el juez de conocimiento.