Avanzan las investigaciones por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la Fiscalía General de la Nación ha firmado un preacuerdo con Fredy Alexander Gómez, un agente de la Sijín de la Policía de Bogotá. Gómez es señalado como el principal responsable de haber falsificado informes judiciales para sustentar la interceptación ilegal de las comunicaciones de Meza, quien fuera exempleada de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Según la investigación, Gómez utilizó información de una fuente humana falsa para incriminar a Meza . Este acto permitió la aprobación de las interceptaciones ilegales por parte de las autoridades judiciales de las líneas telefónicas de la niñera. Sin embargo, durante el proceso, la Fiscalía descubrió que la supuesta fuente no había estado en la sede de la Sijín, lo que dejó en evidencia la falsedad de los documentos presentados por el agente.
Marelbys Mesa trabajaba como niñera de Laura Sarabia, cuando la funcionaria denunció la perdida de un dinero en efectivo que estaba en una maleta en su apartamento.
El preacuerdo firmado estipula que Gómez aceptará su responsabilidad por el delito de fraude procesal y cumplirá una pena de 49 meses de prisión, con una rebaja de una tercera parte como beneficio judicial. Además, el agente deberá ofrecer disculpas públicas, expresando su arrepentimiento por el daño causado a Marelbys Meza y a Jhonson Pineda, otro afectado en este caso.
La audiencia para la validación del preacuerdo está fijada para el 17 de octubre, cuando un juez decidirá si aprueba o no la negociación. Actualmente, Fredy Alexander Gómez se encuentra recluido en la cárcel de Facatativá, Cundinamarca.
Este caso varios oficiales están bajo la lupa por su participación en la manipulación de documentos oficiales. Entre ellos se encuentra la expatrullera Dana Canizales, procesada por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado, y falsedad material en documento público agravado y quien recientemente ha decidido colaborar con la Fiscalía delatando a dos de sus superiores.
El caso
La Fiscalía acusó a un capitán, un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional que, al parecer, mediante diferentes actuaciones ilícitas, habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de Laura Sarabia en ese momento jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
Se estableció que el 30 de enero del 2023, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales Cárdenas, presuntamente, acudieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó, Chocó y, con informes falsos sustentados con el testimonio de una aparente fuente humana, pidieron el aval para interceptar dos líneas telefónicas que pertenecerían a alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
Posteriormente, entre el 1 y el 3 de febrero de 2023, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, presuntamente presentaron dos informes de policía a una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, en los que solicitaban autorización para intervenir las comunicaciones de tres personas, se trataría de la exniñera del hijo de la señora Laura Sarabia y dos amigos muy cercanos a esta empleada a quienes, al parecer, hicieron pasar como dos peligrosos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá, con el supuesto de que estarían involucrados en la pérdida de un dinero.
Los elementos de prueba permitieron establecer que estos dos objetivos, en realidad, eran las ex empleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y los cuatro exfuncionarios son señalados de brindar información equivocada a fiscales, la cual, posteriormente fue presentada ante jueces para legalizar las órdenes.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a los cuatro uniformados los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Adicionalmente, al intendente Quinchanegua Quinchanegua y a la patrullera Canizales Bonilla se les formuló el delito de falsedad material en documento público agravado.
Los uniformados estan bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
