En una audiencia virtual llevada a cabo este lunes 18 de marzo, el fiscal penal militar, Jhon Eduardo Niño, presentó argumentos ante un juez penal y policial de control de garantías con el fin de determinar la jurisdicción de la investigación que la Fiscalía General de la Nación está llevando actualmente contra el Coronel Carlos Feria, Jefe de Protección de la presidencia, y otros uniformados quienes fueron imputados el pasado 28 de noviembre.
El coronel de la Policía, Carlos Feria, es investigado por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, luego que en enero del 2023 Marelbys Meza, fuera sometida a una prueba de polígrafo.
El caso en cuestión gira en torno al uso de un polígrafo a la niñera Marelbys Meza, luego de la pérdida de dinero en el apartamento de Laura Sarabia, Ex Jefe de Gabinete y actual directora del Dapre.
Durante la audiencia, el fiscal Niño solicitó que la investigación este bajo el «fuero penal militar para el teniente coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el Intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez» en la jurisdicción penal militar, argumentando que las acciones realizadas por los oficiales y suboficiales de Policía eran actos del servicio y estaban dentro de sus competencias como miembros de la jefatura presidencial.
El fiscal enfatizó que el propósito del polígrafo a Marelbys Meza no era cometer un delito, sino determinar si había participado en una conducta punible que pudiera afectar los intereses de la administración pública.
Niño también abordó otros aspectos de la investigación, como el acceso al celular de Marelbys Meza, argumentando que estas prácticas estaban contempladas dentro de las competencias de los uniformados.
“No cabe duda, en cuanto a que el uso de esas frases durante la práctica, el polígrafo a la señora Marelbys Meza no tuvo como un propósito cometer un delito, sino que se llevó a cabo con la pretensión de determinar si ella había tomado parte en la comisión de una conducta punible que no solo podía haber afectado intereses de la administración pública.
El hurto de documentos, si no qué manera especial. Podía revelar la existencia de fallas en el diseño, funcionamiento de los protocolos y los esquemas de seguridad del entorno presidencial
El fiscal agregó: «Definiendo la actividad como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas establecidas mediante la ejecución de ciertos procesos o tareas, y el servicio como un conjunto de actividades que buscan ofrecer y garantizar las necesidades de seguridad nacional, así como de otras personas que se vinculan de cualquier manera a la Presidencia de la República«.
Vea la audiencia aquí:
La Fiscalía también investiga al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la oficina de polígrafos del grupo de Estudios de Seguridad, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. Los delitos bajo investigación incluyen peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
Será ahora la Corte Constitucional la que defina cuál de las dos jurisdicciones, si la penal o la ordinaria, tiene la competencia para investigar a los miembros de la fuerza pública implicados en el caso de Marelbys Meza, por lo que estaría pendiente de presentar el escrito de acusación contra los uniformados.
La decisión sobre la jurisdicción de esta investigación reviste una importancia significativa, ya que determinará el curso futuro del proceso y qué instancias judiciales estarán a cargo del mismo. Los argumentos presentados por el fiscal Niño buscan establecer que las acciones de los uniformados estaban dentro de su ámbito de competencia, mientras que la Fiscalía sostiene que existen indicios de delitos que requieren su intervención.
