Comandante de la Policía de Caquetá será procesado por presuntas demoras en la llegada de refuerzos para 79 policías secuestrados en Caquetá.
La Justicia Penal Militar vinculó al proceso al Comandante de la Policía de Caquetá, Coronel Javier Antonio Castro Ortega, por el delito de omisión de apoyo. Esta investigación se debe a las demoras en enviar refuerzos a un grupo de 78 policías que fueron retenidos hace cuatro meses en la región de San Vicente del Caguán y una presunta falta de respuesta oportuna que pudo haber evitado, entre otras cosas, la muerte de uno de los uniformados.
En marzo de este año, un grupo de campesinos e indígenas retuvo a estos 79 policías en el departamento de Caquetá. Los uniformados solicitaron apoyo a sus superiores al verse atacados violentamente por una multitud de manifestantes con piedras, palos, machetes y bombas molotov, mientras se quedaban sin munición.
El expediente de la Justicia Penal Militar recoge el registro del llamado de los policías pidiendo ayuda. Según el documento, «los policías que pidieron apoyo lo hicieron al verse atacados de forma violenta y encontrarse en una situación crítica, mientras el personal policial se quedaba sin munición».
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El Comandante de la Policía de Caquetá, Coronel Javier Castro, a quien no le dictaron medida de aseguramiento, deberá responder por el delito de omisión de apoyo, ya que supuestamente no agilizó la respuesta para enviar refuerzos a los uniformados en el tiempo necesario.
La Justicia Penal Militar concluye que «se puede inferir que se demoró indebidamente el apoyo solicitado durante el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta que finalmente llegó el apoyo al lugar de los hechos«.
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En su defensa durante la indagatoria, el coronel Castro afirmó que efectivamente ordenó el envío de los refuerzos. Explicó que informó sobre el fallecimiento de uno de los policías y la cantidad de heridos, solicitando celeridad en los apoyos. Según sus declaraciones, a las 6:00 de la mañana se habían pedido los apoyos y coordinado los desplazamientos, pero los retrasos se debieron a condiciones climatológicas adversas.
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Este caso registrado en el corregimiento Los Pozos, donde la asonada entre civiles y uniformados dejó graves destrozos de la sede de la Petrolera Emerald Energy y dos personas muertas: Reynel Arévalo, campesino de la zona y el subintendente de la Policía Ricardo Monroy.
El proceso judicial contra el coronel Castro continuará, y se espera que se realicen las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y las consecuencias legales correspondientes por la omisión de apoyo en este caso que involucra el secuestro de 78 policías en Caquetá.
