La procesada, al parecer, durante el 2024 realizó exigencias económicas ilegales a nombre de las disidencias de las Farc, de las cuales decía ser su cabecilla de finanzas. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada.
Según la investigación, la procesada recurría a llamadas telefónicas y mensajería instantánea para informar a las víctimas de los pagos que llegaban, inclusive, a dos millones de pesos. La negativa podría motivar atentados contra los afectados, sus familias y sus negocios.
Servidores del CTI, en coordinación con el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en el barrio Bosques de San Luis de Neiva a Soto Fajardo cuando se disponía a recibir 700.000, presuntamente producto del pago de una extorsión.
La investigada no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados en su contra.
