Cinco uniformados de la Policía Nacional fueron judicializados por su presunta participación en una red de extracción ilegal de madera que operaba en zonas protegidas de Bolívar.
La Fiscalía General de la Nación los presentó ante un juez de control de garantías tras recopilar evidencia que los vincula con actividades delictivas contra el medio ambiente.
Entre los implicados figura el capitán Harold García Ospina, quien al momento de los hechos era comandante de la estación de Policía de Puerto Wilches (Santander); el subintendente Fabio Ignacio Ramírez Arismendy, comandante de patrulla de la estación de San Pablo; y los patrulleros Edison Peña Moreno, Enyerber Fernando Rueda Correa y José Isabelino Gamboa Cabrera.
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De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, los uniformados habrían recibido dádivas para facilitar el traslado de madera extraída de forma ilegal del bosque originario de la reserva forestal del río Magdalena, una zona protegida por ley.
Según la Fiscalía, los policías suministraban información reservada a una organización criminal dedicada a la tala indiscriminada, permitiendo así evadir controles administrativos y eludir puntos de vigilancia oficiales en sus recorridos por el Magdalena Medio. Esta madera ilegal era luego transportada a distintas ciudades de la región para su comercialización.
Las especies más afectadas por esta actividad ilícita fueron cedro rosado, almendro, cambombo, chingales, fresno, sangre toro y canguaro, árboles esenciales para el equilibrio ecológico de la zona.
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Ante estos hechos, los cinco policías fueron imputados por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cohecho propio. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.
Como medida preventiva, el juez de control de garantías ordenó su detención domiciliaria, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
