A días de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte del gobierno de Estados Unidos —operación que derivó en su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York—, el poder político en Venezuela ejecutó un cambio clave en su esquema de seguridad. La presidenta encargada Delcy Rodríguez destituyó al jefe de la Guardia de Honor Presidencial y entregó el mando al mayor general Gustavo González López, una figura ampliamente conocida por su paso por los organismos de inteligencia y por señalamientos internacionales en materia de derechos humanos.
La decisión se convierte en la primera medida de alto impacto adoptada por Rodríguez desde que asumió el control del Ejecutivo, en un contexto de reconfiguración del aparato de seguridad tras la captura del exmandatario, quien en su audiencia inicial en Nueva York se declaró inocente y afirmó que “todavía es el presidente de Venezuela”.
El relevo en la Guardia de Honor Presidencial
El cargo de comandante de la Guardia de Honor Presidencial —responsable directa de la seguridad del jefe de Estado— estaba en manos del mayor general Javier Marcano Tábata durante la administración de Maduro. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si Marcano Tábata figura entre las víctimas de los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas y zonas cercanas, operación que antecedió a la captura de Maduro y Flores.
Con el relevo, González López asume doble responsabilidad: además de la Guardia de Honor Presidencial, quedó al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una de las estructuras más sensibles del sistema de seguridad del Estado.
Quién es Gustavo González López
El mayor general Gustavo González López es un militar de carrera con una trayectoria extensa en los organismos de seguridad e inteligencia del chavismo. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en dos periodos: 2014–2018 y 2019–2024, años marcados por fuertes protestas internas, detenciones de opositores y denuncias de represión.
En 2019, tras un intento de sublevación militar y la salida del entonces jefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera —quien se alineó con el liderazgo opositor de Juan Guaidó—, González López fue restituido en el cargo para retomar el control del principal órgano de inteligencia civil.
El caso Fernando Albán y las denuncias
Durante su primera gestión en el Sebin ocurrió la muerte bajo custodia del exconcejal opositor Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018, en una sede del organismo en Caracas. Mientras el oficialismo sostuvo la tesis de un suicidio, la oposición y organizaciones de derechos humanos calificaron el hecho como una muerte violenta atribuible al Estado. Tras ese episodio, González López fue relevado del Sebin, aunque regresó al cargo meses después.
Sanciones internacionales y cargos previos
González López figura entre los primeros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos humanos, medidas adoptadas en 2014 durante la administración de Barack Obama. Posteriormente, recibió sanciones de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Suiza, que lo señalan por detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y represión contra la disidencia.
Pese a estas sanciones, Maduro lo designó ministro de Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y previamente, en 2013, lo había nombrado comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, componente que buscaba integrar civiles armados a la defensa del régimen ante amenazas externas.
Un hombre de confianza de Delcy Rodríguez
En octubre de 2024, ya con Delcy Rodríguez al frente del Ministerio de Hidrocarburos, González López fue designado Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), un cargo creado para reforzar el control estatal sobre la principal industria del país. Ese nombramiento consolidó su cercanía con la ahora presidenta encargada.
Documentos de sanciones europeas sostienen que, como director del Sebin, “es responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
Captura de Maduro y reordenamiento del poder
El relevo en la Guardia Presidencial se produce tras un hecho sin precedentes: la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y su presentación ante una corte federal en Nueva York, donde ambos se declararon no culpables. La rapidez con la que se ejecutó la operación abrió interrogantes sobre la efectividad del esquema de seguridad presidencial y precipitó cambios en la cúpula militar y de inteligencia.
Con González López al frente de la Guardia de Honor Presidencial y de la DGCIM, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez apuesta por un perfil de mano dura para blindar su seguridad y el control interno. El nombramiento, sin embargo, reaviva las críticas internacionales por el historial del nuevo jefe de seguridad y anticipa un periodo de alta tensión política y diplomática mientras avanza el proceso judicial contra Maduro en Estados Unidos y se redefine el poder en Caracas.