El presidente Nayib Bukele aseguró que su Gobierno estudia conceder libertad anticipada y condicional a presos con menores niveles de colaboración con las pandillas. Los beneficiarios no serían declarados inocentes y permanecerían bajo monitoreo. Más de 93.000 personas han sido detenidas durante el régimen de excepción.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió al anunciar que su Gobierno estudia un plan que podría permitir la liberación anticipada y condicional de cerca del 50 % de los presos que colaboraron con las pandillas, después de más de cuatro años de una política de seguridad caracterizada por detenciones masivas y severas medidas penitenciarias.
La propuesta no supone el perdón generalizado de los detenidos ni significa que las personas beneficiadas sean declaradas inocentes. Según explicó Nayib Bukele, se analizaría el nivel de responsabilidad de cada caso y quienes accedieran al mecanismo saldrían de prisión sometidos a condiciones y vigilancia.
“Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”.
La declaración abre una nueva fase en la política penitenciaria de un país que mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción y donde al menos 93.162 personas han sido detenidas, señaladas por el Gobierno de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
“Es culpable, pero liberarlo condicionalmente”
Nayib Bukele quiso dejar claro que su propuesta no consistiría en borrar las responsabilidades penales de los posibles beneficiarios.
“O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente”.
La salida sería anticipada y estaría sujeta a seguimiento.
“Liberarlo con monitoreo, con liberación condicional”.
La idea central del mandatario consiste en establecer diferentes niveles de responsabilidad. Para Nayib Bukele, no todas las personas que colaboraron con las organizaciones criminales tuvieron el mismo grado de participación ni actuaron necesariamente bajo las mismas circunstancias.
¿Quiénes podrían salir de prisión?
El plan estaría enfocado particularmente en personas acusadas o condenadas por colaborar con pandillas, especialmente aquellas cuya participación habría sido menor.
Nayib Bukele puso como ejemplo la diferencia entre una persona involucrada en ocultar un cadáver y otra utilizada por una pandilla para avisar de la llegada de la Policía.
“No tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía”.
En otra explicación sobre el mismo supuesto, el presidente planteó:
“Es culpable, pero ¿qué tan culpable es?”
Por ahora, sin embargo, no existe un listado público de delitos que permitirían acceder al beneficio ni se conocen los criterios completos de elegibilidad. Tampoco se ha precisado qué condiciones de monitoreo tendrían que cumplir los presos liberados o cuándo comenzaría a funcionar el programa.
Bukele pide diferenciar entre pandilleros y quienes vivieron sometidos a ellos
La justificación de Nayib Bukele está relacionada directamente con la historia reciente de El Salvador.
Durante años, las pandillas ejercieron un fuerte dominio territorial en diferentes comunidades y barrios del país. El mandatario argumenta ahora que esa realidad debe ser considerada al analizar individualmente a personas que prestaron algún tipo de colaboración.
“Venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas, que eran el verdadero gobierno de este país y la verdadera dictadura de este país, era el día a día”.
Nayib Bukele sostuvo que es necesario diferenciar entre quienes ejercían activamente ese dominio criminal y quienes tuvieron que desenvolverse dentro de comunidades controladas por esos grupos.
“Estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”.
Según su planteamiento, esas circunstancias podrían justificar excepciones para determinados condenados.
“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”.
Más de 93.000 detenidos desde el inicio del régimen de excepción
Para entender la dimensión del anuncio hay que remontarse a marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción como parte de la ofensiva gubernamental contra las pandillas.
Hasta las cifras más recientes citadas por EFE, al menos 93.162 personas han sido detenidas bajo esa política por acusaciones relacionadas con pertenencia o colaboración con pandillas.
La cifra, sin embargo, no permite calcular automáticamente cuántas personas saldrían de prisión. Nayib Bukele habló de cerca del 50 % de los presos que colaboraron con pandillas, pero el Gobierno no ha divulgado un universo exacto de posibles beneficiarios. ]
Por eso, no puede afirmarse todavía que la medida vaya a representar la salida de la mitad de los más de 93.000 detenidos.
Un cambio importante después de años de “mano dura”
El anuncio llama especialmente la atención por producirse después de varios años de una política de seguridad basada en encarcelamientos masivos.
La estrategia de Nayib Bukele produjo una fuerte reducción en las cifras de violencia. Un reporte publicado este miércoles señala que la tasa de homicidios de El Salvador pasó de 107,64 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025.
El Gobierno atribuye esa transformación a su ofensiva contra estructuras como la MS-13 y otras pandillas, además del régimen de excepción, las operaciones policiales y militares y el endurecimiento penitenciario.
El régimen permanece vigente.
Nayib Bukele aseguró que le gustaría retirarlo en algún momento:
“A mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento, por supuesto”.
Pero argumentó que todavía existen miembros de estructuras criminales sin capturar y comparó la política de excepción con un tratamiento médico que no puede suspenderse antes de eliminar la amenaza.
“El régimen de excepción es como una quimioterapia”.
El CECOT, símbolo de la política penitenciaria salvadoreña
La estrategia contra las pandillas también quedó asociada internacionalmente con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión construida durante el Gobierno de Nayib Bukele como pieza de la política penitenciaria frente a estructuras criminales.
Las imágenes de reclusos sometidos a estrictos protocolos de seguridad convirtieron al sistema penitenciario salvadoreño en uno de los símbolos más reconocibles de la estrategia de seguridad del mandatario.
La propuesta de liberaciones condicionales introduce ahora una nueva dimensión: después de la fase de capturas masivas, el Gobierno comienza a hablar públicamente de revisar niveles individuales de colaboración y permitir que algunos condenados continúen sus penas fuera de prisión bajo vigilancia.
Las críticas por derechos humanos y detenciones
Los resultados de seguridad conviven, sin embargo, con fuertes cuestionamientos.
Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, problemas relacionados con las garantías judiciales y abusos durante el régimen de excepción.
La organización Socorro Jurídico sostiene que al menos 30.000 detenidos serían inocentes y que más de medio millar de personas han fallecido bajo custodia estatal. Estas cifras corresponden a estimaciones de esa organización y no equivalen a una determinación judicial individual sobre cada detenido.
El propio Gobierno ha reconocido previamente la liberación de unas 8.000 personas detenidas, casos descritos por funcionarios como parte de un “margen de error” dentro del régimen de excepción. Una comisión revisaría los expedientes
La propuesta también vuelve a poner en discusión cómo se están revisando los casos.
El anuncio surgió después de preguntas sobre declaraciones realizadas meses atrás por Ibrajim Bukele, hermano del mandatario, acerca de una comisión que evaluaba expedientes de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según la información publicada, se había indicado que dicha instancia revisaba casos y trabajaba con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los centros penitenciarios, además de contar con participación del Despacho de la Primera Dama.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan este punto. Abraham Abrego, director legal de Cristosal, sostuvo que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia y no al Ejecutivo.
¿Cuándo comenzarán las liberaciones?
Es precisamente una de las principales preguntas que continúa sin respuesta.
El Gobierno salvadoreño no ha anunciado una fecha de inicio, tampoco ha publicado los requisitos definitivos para acogerse al mecanismo ni ha precisado cuántos reclusos serían finalmente beneficiarios.
Tampoco se ha detallado públicamente cómo funcionaría el sistema de vigilancia de quienes reciban libertad condicional o si será necesario modificar la legislación para implementar el programa.
Por ello, el anuncio de Nayib Bukele representa hasta ahora una propuesta en evaluación y no una liberación inmediata de presos.
De las capturas masivas a la revisión individual
La trascendencia política del anuncio está en ese posible cambio de etapa.
Desde 2022, El Salvador concentró buena parte de su estrategia en capturar y encarcelar masivamente a personas señaladas de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales. Ahora, el propio Nayib Bukele plantea distinguir el grado de responsabilidad de algunos de esos colaboradores.
No significa desmontar el régimen de excepción. Nayib Bukele ha reiterado que la medida continuará mientras su Gobierno considere que persiste la amenaza de las pandillas.
Pero sí abre la puerta a una pregunta que marcará la siguiente etapa de la política de seguridad salvadoreña: quién merece permanecer encarcelado, quién podría terminar anticipadamente su estancia en prisión y bajo qué criterios jurídicos se tomarán esas decisiones.
Por ahora, la definición de Nayib Bukele resume el alcance de la propuesta: no se trataría de absolver de manera general a los presos, sino de conceder a determinados colaboradores una libertad anticipada, condicional y bajo monitoreo después de estudiar su grado de participación.
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Enfoque editorial aplicado: puse la propuesta en el centro de la noticia, conservé las declaraciones más explicativas de Nayib Bukele y añadí las cifras necesarias para dimensionarla. También evité afirmar que las cárceles por sí solas “devolvieron la seguridad” al país: los datos disponibles sí muestran una fuerte caída de los homicidios durante la política de seguridad, pero el régimen también acumula cuestionamientos documentados sobre derechos humanos y debido proceso.
