La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra OrtizSandra Ortiz, será llevada a juicio tras la decisión de la Fiscalía de presentar un escrito de acusación en su contra, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de un entramado de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz, actualmente detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, es señalada por su presunta participación en el desvío de recursos públicos relacionados con la compra de carrotanques para La Guajira, una de las regiones más afectadas por la escasez de agua potable. Según la Fiscalía, la exfuncionaria habría sido clave en un esquema de corrupción que implicó sobornos a altos funcionarios del Congreso, incluido Iván Name, expresidente del Senado.
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación con base en pruebas que indican que, en octubre de 2023, Ortiz recibió 3.000 millones de pesos de parte de los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López. El dinero habría sido destinado al entonces presidente del Congreso, Iván Name, en lo que parece haber sido un pago ilícito para obtener favores políticos y apoyo legislativo en proyectos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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«La #Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas»: Fiscalía General de la Nación
La #Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Los elementos…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 24, 2025
El ente acusador sostiene que Ortiz transportó estos recursos junto a Pinilla en un vehículo desde Residencias Tequendama en el centro de Bogotá hasta la residencia de Name en el sector de Unicentro. Este acto formaría parte de un esquema de tráfico de influencias, donde los pagos irregulares servían para asegurar apoyo político dentro del Congreso a cambio de contratos y recursos del Estado.
Sandra Ortiz, quien ha mantenido su inocencia, se ha defendido en varias ocasiones de las acusaciones. En entrevistas recientes con medios de comunicación, insistió en que es víctima de un complot, afirmando que su implicación en el caso es parte de un «show» diseñado para desviar la atención hacia ella mientras se protege a otros actores políticos dentro del gobierno. Además, Ortiz alegó que conoce nombres de personas cercanas a la Casa de Nariño que estarían involucradas en el esquema de corrupción, aunque no identificó directamente a los responsables.
Por su parte, la defensa de Ortiz solicitó que se le concediera la detención domiciliaria, sin embargo, este viernes, 24 de enero, el Juzgado 21 de Conocimiento de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros, indicando que las pruebas contra la exconsejera debe seguir detenida mientras avanza el proceso judicial.
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El contexto del caso UNGRD
Este escándalo se enmarca en la investigación sobre el desvío de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la crisis del agua. Las autoridades han detectado serias irregularidades en los contratos de la UNGRD, lo que derivó en un desfalco millonario que involucra tanto a funcionarios del gobierno como a actores políticos del Congreso.
En este contexto, la Fiscalía ha vinculado a varios personajes del entorno político, incluidos Iván Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara, quienes habrían sido beneficiarios de los sobornos a cambio de favores en la aprobación de proyectos gubernamentales.
La exconsejera, quien no ha aceptado los cargos, en una audiencia reciente defendió su inocencia, asegurando que era víctima de un complot orquestado por una figura poderosa dentro del gobierno de Petro, a quien no identificó. Según Ortiz, este complot fue diseñado para crear un «chivo expiatorio» y desviar la atención hacia ella, mientras otros personajes cercanos al poder quedaban fuera del radar.
Vea la audiencia y decisión de negar la detención domiciliaria a Sandra Ortiz aquí:
¿Quién es Sandra Ortiz? Ex consejera Presidencial vinculada por caso de corrupción UNGRD?
Sandra Liliana Ortiz Nova, nacida el 6 de marzo de 1977 en Paz de Río, Boyacá, es una reconocida política colombiana afiliada al Partido Alianza Verde.
Ortiz inició su carrera política a nivel local, pero su impacto a nivel nacional se consolidó tras ser elegida Representante a la Cámara por Boyacá en el periodo 2014-2018, bajo las banderas del Partido Verde. Durante su gestión, se destacó por haber obtenido 9.862 votos, la mayor votación del departamento en esas elecciones. Este respaldo le permitió dar un salto al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2018, donde alcanzó una curul con 27.176 votos.
En el Congreso, Sandra Ortiz ocupó posiciones de relevancia, como la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, además de ser miembro de la Comisión Tercera de Impuestos y Presupuesto.
Tras finalizar su paso por el Senado en 2022, Sandra Ortiz fue nombrada en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su trayectoria política se ha visto empañada por los recientes señalamientos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.
Sandra Ortiz fue enviada el 18 de diciembre a detención en una guarnición militar, medida que había sido apelada por la defensa de Sandra Ortiz, quien solicitó que se le permitiera cumplir su medida de aseguramiento en su domicilio, alegando que la exconsejera no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la jueza consideró que, dados los elementos presentados por la Fiscalía, existía una «inferencia razonable de autoría o participación» en los graves delitos imputados que afectan el patrimonio del Estado, lo que justificaba su permanencia en prisión preventiva.
El caso de la UNGRD es uno de los más complejos que ha enfrentado el gobierno actual, no solo por la magnitud de los recursos malversados, sino por la implicación de figuras políticas clave que podrían haber facilitado la trama corrupta.