Bogotá, 3 de julio de 2025 — A la cárcel uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ramón González, quien hasta hace poco fue una de las fichas más influyentes del actual Gobierno, será enviado a prisión por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Tribunal advirtió que la gravedad de los hechos, la falta de arraigo y la posible permanencia del imputado fuera del país, justifican la medida
La decisión, conocida en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, se basa en una investigación que lo señala como una de las piezas claves en el supuesto desvío de al menos 70.000 millones de pesos que debían ser destinados a atender emergencias humanitarias. En lugar de eso, según la Fiscalía, los recursos habrían sido direccionados hacia contratos amañados y favorecimientos a terceros.
El exfuncionario habría dispuesto que a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se entregaran coimas a los entonces presidentes del Senado de la República Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El Tribunal Superior de Bogotá impone medida de aseguramiento en cárcel y ordena la captura de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
Tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos,cargos que no aceptó, el tribunal emitió medida de aseguramiento contra González Merchán por los dos primeros delitos.
El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el hoy procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Carlos Ramón González Merchán, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
El Tribunal estableció que realizado el análisis de los requisitos exigidos, este despacho encuentra que la clase de medida a imponer habrá de ser la privativa de la libertad en establecimiento carcelario por las conductas de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
En consecuencia, este Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de la función de control de garantías consagrada en el parágrafo primero del artículo 39 de la Ley 906 de 2004,
Primero: Abstenerse de imponer medida de aseguramiento a Carlos Ramón González Merchán por la posible conducta de lavado de activos.
“El magistrado se abstuvo expresamente de imponer medida por el delito de lavado de activos, al estimar que no existía una inferencia razonable de autoría o participación de González Merchán en esa conducta”
Segundo: Decretar como medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González Merchán la detención preventiva en establecimiento carcelario, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Tercero: Emitir orden de captura contra el citado ciudadano, para cumplir la medida de aseguramiento decretada en su contra.
Cuarto: Informar a las autoridades competentes a través de la
secretaría del tribunal, de la determinación adoptada, para que una vez se haga efectiva la captura del imputado, se le traslade al establecimiento de reclusión que el INPEC considere pertinente, para la correspondiente reseña, verificación y custodia del cumplimiento de la medida aquíimpuesta.
El Contexto del caso corrupción UNGRD
González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó durante las audiencias preliminares. Sin embargo, el alto tribunal consideró que existían méritos suficientes para ordenar su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía lo vincula directamente con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien habría sido su principal socio en la estructuración del millonario entramado. De acuerdo con el ente acusador, ambos coordinaron la adjudicación irregular de contratos en varias regiones del país, desviando fondos asignados para atender desastres naturales y emergencias sociales.
La defensa del implicado anunció que apelará la decisión y ha insistido en que González es víctima de una persecución política y judicial. No obstante, el caso avanza y se convierte en uno de los más simbólicos en la lucha contra la corrupción en entidades clave del Estado.
La providencia será revisada en recurso de apelación de segunda instancia ante @CorteSupremaJ.
Al valorar los argumentos y medios de conocimiento expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos al interior de la UNGRD y la orden de pago de coimas a congresistas.
Según la investigación que adelantan dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría determinado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.
Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.
Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andres David Calle Aguas.
El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.
La decisión
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión fue adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien, tras el análisis de los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados por la Fiscalía 9ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia, consideró que se acreditaba razonablemente la participación del imputado en los hechos investigados.
El magistrado se abstuvo expresamente de imponer medida por el delito de lavado de activos, al estimar que no existía una inferencia razonable de autoría o participación de González Merchán en esa conducta.
La medida fue decretada tras verificar el cumplimiento de los presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, en especial los numerales 2 y 3:
Que el imputado represente peligro para la comunidad, dada la gravedad y modalidad de los delitos, y que exista un riesgo de no comparecencia al proceso.
En relación con esto último, el magistrado citó expresamente:
«De acuerdo con la información pública aportada por la fiscalía y las verificaciones realizadas frente al lugar desde el cual se conectó a las diligencias de imputación y medida de aseguramiento, el implicado no cuenta con arraigo actualizado y al parecer se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia que se busca evitar mediante la imposición de una medida de aseguramiento».
El magistrado también subrayó que los hechos investigados constituyen un grave atentado contra la institucionalidad y el erario, al utilizar recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para influir en decisiones legislativas.
Finalmente, el Tribunal ordenó la captura del imputado para materializar la medida y notificó que contra la decisión proceden los recursos ordinarios.
