La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley de amnistía que contempla la liberación de cientos de personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos en las últimas dos décadas, en una decisión considerada por el Gobierno como un paso hacia la reconciliación nacional y por organizaciones civiles como una medida de alcance limitado que requiere seguimiento en su aplicación.
La denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue aprobada tras una sesión parlamentaria de aproximadamente dos horas y consta de 16 artículos que establecen los criterios, procedimientos y límites para la aplicación del perdón legal.
Objetivo de la ley: reconciliación política y convivencia
El texto legal sostiene que la amnistía busca “reparar las heridas profundas” generadas por décadas de confrontación política y promover la convivencia democrática. El Gobierno venezolano la presenta como un “acto de clemencia soberana” destinado a cerrar ciclos de conflictividad y priorizar la estabilidad institucional.
Durante la sesión parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, subrayó que la amnistía implica un perdón legal para determinados delitos y recalcó que se trata de una medida orientada a facilitar la reconciliación nacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la narrativa oficial al señalar que presentar la amnistía como un perdón presupone la culpabilidad de personas que, en muchos casos, han sido consideradas presos políticos.
A quiénes beneficiaría la amnistía
La norma establece que la amnistía general se aplicará a personas procesadas, investigadas o condenadas por la presunta comisión de delitos políticos o conexos cometidos entre 2002 y 2025.
El texto identifica 13 contextos y periodos específicos en los que se enmarcarían los hechos susceptibles de amnistía. Entre ellos:
- Los acontecimientos relacionados con el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
- Los hechos de violencia asociados al paro petrolero y empresarial entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
- Protestas y disturbios políticos registrados en 2004, 2007 y 2009.
- Incidentes vinculados a las elecciones presidenciales de 2013.
- Las protestas y enfrentamientos ocurridos entre febrero y junio de 2014.
- Los hechos políticos asociados al periodo legislativo 2016-2020.
- Manifestaciones y episodios de violencia entre marzo y agosto de 2017.
- Acontecimientos relacionados con la crisis política de 2019.
- Procesos políticos vinculados a la selección de candidaturas presidenciales en 2023.
- Hechos asociados a las elecciones presidenciales de 2024 y procesos electorales de 2025.
La ley contempla que las personas incluidas en estos contextos podrán solicitar la amnistía ante los tribunales correspondientes, los cuales deberán revisar cada caso y ordenar el sobreseimiento de procesos o la anulación de condenas.
Cifras de posibles beneficiarios
De acuerdo con organizaciones como Foro Penal, más de 400 personas han sido excarceladas en las últimas semanas en el marco de anuncios previos a la aprobación de la ley. No obstante, la ONG estima que aún permanecen alrededor de 600 presos por motivos políticos en el país.
El alcance real de la amnistía dependerá del análisis judicial caso por caso. El Gobierno no ha publicado un número definitivo de beneficiarios, aunque se prevé que la medida alcance a cientos de detenidos y procesados.
Delitos excluidos de la amnistía
La ley establece exclusiones claras en su artículo 9. No podrán acogerse a la amnistía quienes estén procesados o condenados por:
- Violaciones graves de derechos humanos.
- Delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
- Homicidio intencional.
- Tráfico de drogas con penas superiores a nueve años.
- Participación o financiamiento de acciones armadas contra el Estado.
- Hechos que impliquen apoyo de gobiernos o actores extranjeros para acciones contra Venezuela.
Estas exclusiones buscan, según el texto legal, garantizar que la medida no cubra delitos graves ni hechos de violencia armada.
Eliminación de antecedentes y efectos jurídicos
Una vez concedida la amnistía, la norma establece que cesarán todas las medidas judiciales, penales, administrativas o disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados.
También ordena la eliminación de antecedentes penales, registros policiales y procesos de extradición vinculados a estos casos. Los tribunales deberán declarar el sobreseimiento de causas abiertas y anular sentencias firmes cuando corresponda.
La ley permite que tanto el Ministerio Público como los propios beneficiarios soliciten la aplicación de la amnistía ante los tribunales. En el caso de personas en el exilio, podrán hacerlo mediante representantes legales.
Debate sobre el alcance temporal y político
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el alcance temporal de la ley deja fuera varios años de persecución política. Según Foro Penal, de los casi 28 años que podrían abarcar los conflictos políticos recientes, más de la mitad no están incluidos de manera continua en la norma, sino solo en periodos específicos.
Algunos sectores consideran que la medida es un avance hacia la reconciliación, pero insuficiente si no se acompaña de reformas institucionales y garantías judiciales.
La aprobación de la ley se produjo tras negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición sobre artículos sensibles, especialmente los relacionados con activistas en el exilio. La versión final permite que estos puedan solicitar la amnistía a través de representantes legales sin necesidad de regresar al país previamente.
Comisión de seguimiento y aplicación
El Parlamento creó una comisión especial integrada por 23 diputados de distintas tendencias políticas para supervisar la implementación de la ley y garantizar su cumplimiento. Esta instancia será presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza y tendrá como vicepresidenta a la diputada opositora Nora Bracho.
La comisión deberá coordinar con tribunales, fiscalía y autoridades administrativas la aplicación efectiva de la norma y resolver eventuales controversias.
Contexto político y expectativas
La aprobación de la ley se produce en un contexto político excepcional marcado por cambios recientes en la estructura del poder venezolano y presiones internas e internacionales para liberar a detenidos por razones políticas.
El Gobierno sostiene que la amnistía constituye un paso hacia la estabilidad y la convivencia democrática. Organizaciones civiles y familiares de detenidos consideran que la medida puede abrir un proceso de liberaciones más amplio, aunque advierten que su éxito dependerá de la aplicación real por parte del sistema judicial.
En las próximas semanas se espera la publicación oficial de la ley en Gaceta y el inicio formal de los procedimientos judiciales para conceder las primeras amnistías bajo el nuevo marco legal.
