El secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció este fin de semana que fue víctima de espionaje ilegal junto a miembros de su familia mediante el software Pegasus, en hechos que —según un informe forense— habrían ocurrido entre agosto y noviembre de 2025. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un mensaje público, Idárraga aseguró que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, con el uso de gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado, particularmente del Ejército, para perseguirlo por las investigaciones que adelantaba sobre presuntos hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares. “Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”, afirmó el funcionario.
Según el denunciante, durante ese periodo se habría extraído información privada de su teléfono —aproximadamente 2,3 gigas— que incluía denuncias de corrupción y datos de sus fuentes. “Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”, señaló. Idárraga sostuvo además que, de manera paralela, se estaría construyendo una campaña de desprestigio en su contra por la información sensible que venía recibiendo.
Pegasus y el debate por el espionaje estatal
El nombre de Pegasus ha estado en el centro del debate público en Colombia y la región por su capacidad de acceso total a dispositivos móviles sin que el usuario lo advierta, y por su uso restringido a agencias estatales. Organismos de derechos humanos han advertido que su empleo fuera de estrictos controles judiciales constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando se dirige contra denunciantes de corrupción, periodistas o defensores de derechos humanos.
En Colombia, el uso de gastos reservados y actividades de inteligencia y contrainteligencia está regulado por la ley y sujeto a controles. La denuncia de Idárraga reaviva el debate sobre posibles desvíos de poder, persecución interna y espionaje político en el marco de investigaciones sensibles dentro del Estado.
Investigación en curso y mensaje político
Idárraga confirmó que el expediente ya fue remitido a la Fiscalía y a la CIDH para su verificación independiente. En su mensaje, cerró con una advertencia sobre el impacto institucional del caso:
“La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”.
El Andrés Idárraga, hoy ministro de Justicia encargado, aseguró tener evidencia técnica de que fue víctima de espionaje ilegal desde estructuras del propio Estado, mientras ejercía como secretario de Transparencia del Gobierno del Gustavo Petro. El funcionario ya había denunciado seguimientos en su contra, pero ahora afirma que peritajes forensesconfirmaron que su teléfono celular fue infectado con el software Pegasus, una herramienta de espionaje de alto nivel. Según los documentos entregados a este medio, el viernes 1.º de noviembre de 2025, a las 2:32 p. m., su iPhone fue contaminado mediante la instalación de una librería maliciosa, lo que permitió el acceso total al dispositivo.
Pruebas de la instalación de sofware
El análisis técnico según el funcionario concluyó que al menos 2,3 gigabytes de información privada fueron extraídos del teléfono del alto funcionario, incluyendo comunicaciones personales, archivos sensibles y datos relacionados con denuncias de corrupción que adelantaba desde su cargo. La magnitud de la intrusión reforzó la sospecha de un operativo sistemático, no de un hecho aislado, lo que abrió la pregunta central del caso: ¿quién dio la orden? Para Idárraga, la respuesta apunta a estructuras formales de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
En el curso de las indagaciones apareció una misión de trabajo del CACIM (Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar), fechada el 11 de noviembre de 2025, en la que se califica como “amenaza interna” a miembros activos y retirados del Ejército que presuntamente filtraban información reservada al entonces secretario de Transparencia. El documento ordena identificar fuentes de información de Idárraga y evaluar posibles afectaciones a la imagen de altos oficiales. Para el hoy ministro encargado, este contexto confirma que el espionaje estuvo ligado a las investigaciones y denuncias de corrupción que adelantó dentro del propio Gobierno, con conocimiento y respaldo del presidente Petro.
La Fiscalía deberá establecer responsabilidades penales y determinar si existió orden, ejecución y encubrimiento en el presunto uso ilegal de herramientas de vigilancia contra un alto funcionario del Gobierno.