La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta temprana para los municipios del sur de Casanare, incluyendo Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, debido a la escalada de violencia y disputas territoriales entre varios grupos armados ilegales.
La alerta, identificada como AT 016-2024, señala que los habitantes de estas áreas están en grave riesgo por la consolidación violenta del control territorial por parte de las Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las FARC.
Según el documento presentado por la Defensoría, el Clan del Golfo han incrementado su presencia y control en el área, eliminando competidores y expandiéndose de manera violenta, lo que ha generado temor e intimidación entre las comunidades locales. Este grupo busca no solo el control territorial, sino también la aceptación de las comunidades rurales y urbanas, así como beneficios económicos derivados de la dinámica de la región; por su parte, el ELN y las disidencias de las FARC también están activos en la zona, incrementando el nivel de riesgo y violencia. Estos grupos han incursionado en áreas de extrema pobreza y exclusión social, utilizando el reclutamiento de jóvenes vulnerables como una táctica para fortalecer sus filas.
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Las poblaciones afectadas incluyen a comunidades campesinas, víctimas del conflicto armado, niños, jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos, agricultores, ganaderos, y otros grupos vulnerables. Estos enfrentan riesgos de desplazamiento forzado, reclutamiento infantil, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados, entre otras violaciones de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ha presentado 28 recomendaciones a diversas entidades nacionales, departamentales y locales para proteger a las comunidades afectadas. Entre estas, se insta al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares a intensificar los operativos de patrullaje y control, y realizar labores de inteligencia para detectar la presencia de grupos armados, asimismo, solicitó a la Policía del departamento la implementación de puestos de control en áreas estratégicas, y al Ejército Nacional, el refuerzo de controles en las zonas rurales para neutralizar las acciones del ELN y las disidencias de las Farc.
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La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para que se implementen las recomendaciones emitidas y se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de las comunidades de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, la situación en el sur de Casanare es crítica, y es imperativo que las autoridades actúen de manera rápida y coordinada para mitigar el riesgo y proteger los derechos de las personas afectadas por este conflicto armado.
