En una preocupante advertencia, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta temprana sobre los riesgos que enfrentan los líderes ambientales en la región amazónica debido al accionar de grupos armados ilegales.
Esta advertencia destaca la peligrosa situación en la que se encuentran personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, campesinos e indígenas que promueven iniciativas ambientales en nueve departamentos del oriente y sur de Colombia.
El informe revela que en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de la Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, los líderes están expuestos a diversas amenazas. Entre los riesgos identificados se encuentran la imposición de regulaciones ambientales por parte de facciones disidentes de las FARC, el ELN y grupos de crimen organizado, así como la extorsión y la violencia generada por la minería ilegal de oro y coltán en las fronteras con Venezuela y Brasil.
“Necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Ante esto, la entidad ha instado a la implementación de medidas de protección colectiva para estos líderes y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior. Además, se resalta la necesidad de integrar la protección de líderes ambientales en los diálogos de paz con grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN.
“Hemos solicitado integrar la protección de líderes ambientales en los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, dos de los principales actores que generan el riesgo en la vulneración de derechos y algunos de los cuales han buscado ejercer mecanismos de control y regulación social y ambiental que generan nuevos riesgos para las personas que defienden el ambiente en la Amazonía”, señala el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también hace un llamado al refuerzo del trabajo con las comunidades locales y autoridades indígenas, priorizando áreas afectadas por la deforestación y la minería ilegal. Se enfatiza la importancia de impulsar proyectos productivos colectivos e individuales y fortalecer los mecanismos de investigación para identificar y perseguir posibles alianzas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
