El relleno sanitario Relleno Sanitario Doña Juana aporta el 2,02 % del metano que se genera en el país, un gas con un impacto climático 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Así lo reveló el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, durante el Foro de Gestión Integral y Sostenible de Residuos realizado en la capital.
El jefe del Ministerio Público Distrital advirtió que los deslizamientos masivos registrados en el relleno en 1997, 2015 y 2020 no deben considerarse simples incidentes operativos, sino señales de que el modelo actual de disposición final presenta fallas estructurales. Según explicó, el sitio ha tenido que contener más de 63 millones de toneladas de residuos acumulados, situación que ha afectado especialmente a comunidades de localidades como Usme y Ciudad Bolívar, donde los niveles de pobreza monetaria superan el 57 %.
Castro Franco insistió en que la persistencia de un esquema basado en el enterramiento masivo de residuos exige una revisión de fondo. Recordó que la licencia ambiental del relleno, prorrogada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hasta 2029, tiene un límite físico que no podrá sostener indefinidamente la disposición final si no se logra reducir la cantidad de basura que llega al sitio. De no hacerlo, advirtió, la ciudad podría enfrentar en el futuro una crisis sanitaria de gran magnitud.
Durante su intervención, el personero puso como referencia experiencias internacionales y locales que, según dijo, muestran que es posible transformar el manejo de residuos. Citó el caso de Buenos Aires, donde una metrópoli de complejidad similar procesa más de 22.500 toneladas diarias mediante plantas de tratamiento mecánico-biológico, lo que ha permitido reducir el enterramiento en cerca de un 65 %. También mencionó el programa “Caneca Verde” implementado en Cajicá, que demuestra la viabilidad técnica y social de separar residuos orgánicos, los cuales representan más de la mitad de la bolsa de basura.
El funcionario anunció además que la Personería vigilará el cumplimiento de la norma distrital que obliga a más de 132.000 establecimientos comerciales a realizar la clasificación de residuos en la fuente. En su concepto, el sector productivo debe convertirse en un actor clave de la economía circular, transformando los residuos en materia prima para reincorporarlos al ciclo económico. En ese sentido, planteó la necesidad de una tarifa del servicio de aseo que no solo cubra la recolección, sino que incentive el aprovechamiento de materiales y la valorización energética.
En el foro también se abordó la situación contractual del servicio de aseo en la ciudad. Castro Franco señaló que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la Resolución CRA 1018 de agosto de 2025, había negado la prórroga de las Áreas de Servicio Exclusivo, lo que generó incertidumbre sobre el esquema de libre competencia en Bogotá. Según explicó, este escenario podía representar un riesgo para la cobertura universal del servicio y para los derechos de la población recicladora.
Posteriormente, la intervención del alto tribunal y la expedición de una nueva resolución de la comisión en enero de 2026 permitieron establecer un régimen transitorio de dos años. Para el personero, esta extensión de los contratos hasta 2027 no debe interpretarse como una solución definitiva, sino como un “puente técnico” que le permita a la ciudad diseñar un modelo de gestión de residuos más sostenible.
Finalmente, el jefe del organismo de control afirmó que el futuro del manejo de basuras en Bogotá depende de una transformación profunda en la gestión de materiales y de la integración de innovación tecnológica e inclusión social. En ese contexto, sostuvo que la administración distrital debe presentar una propuesta sólida que garantice la protección de los derechos de los usuarios y de los recicladores, y que permita avanzar hacia un modelo de aseo moderno y sostenible para la ciudad.
