El presidente Abelardo De La Espriella enfrenta sus primeras grandes controversias de gobierno en medio de debates sobre el respeto a las decisiones judiciales y el manejo de las muertes de menores reclutados por grupos armados en operaciones militares. Mientras cumplió una orden de tutela que le exigía ofrecer disculpas públicas por vulnerar la laicidad del Estado durante su posesión presidencial, también defendió la ofensiva militar que dejó tres adolescentes muertos en Guaviare y reabrió la discusión sobre el uso de bombardeos contra estructuras ilegales.
A menos de un mes de haber asumido la Presidencia, Abelardo De La Espriella se encuentra en el centro de dos debates nacionales que marcan el rumbo de su administración: el acatamiento de las decisiones judiciales y la estrategia militar contra las organizaciones armadas ilegales, especialmente cuando existen menores de edad reclutados dentro de esas estructuras.
Ambos temas coincidieron durante los últimos días tras la alocución presidencial en la que el mandatario presentó disculpas públicas por decisión de un juez y la confirmación de que tres menores de edad murieron durante el reciente bombardeo contra las disidencias de las FARC en Guaviare.
Las disculpas públicas ordenadas por un juez
La controversia se originó por los actos religiosos que hicieron parte de la ceremonia de posesión presidencial realizada el pasado 7 de agosto en Cali.
Una acción de tutela cuestionó la presencia de elementos confesionales en un acto oficial del Estado colombiano, argumentando una vulneración al principio constitucional de laicidad y a la libertad de cultos.
En respuesta, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Presidente ofrecer disculpas públicas mediante una alocución institucional.
Durante su intervención, De La Espriella manifestó:
«Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna».
Asimismo, agregó:
«Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello».
Sin embargo, la polémica no terminó allí. Al cierre de la transmisión oficial, el mandatario concluyó con la expresión:
«¡Viva Cristo Rey!»
La frase generó una inmediata reacción en sectores políticos, académicos y jurídicos que consideraron contradictorio utilizar una consigna religiosa en una intervención diseñada precisamente para reparar una vulneración relacionada con la neutralidad religiosa del Estado.
El otro desafío: los menores muertos en el bombardeo de Guaviare
Mientras avanzaba la controversia por el fallo judicial, otro asunto captó la atención nacional: la confirmación por parte de Medicina Legal de que tres de las diez personas abatidas en un bombardeo contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ eran menores de edad.
«Instituto Nacional de Medicina legal se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)» MinDefensa
La operación militar se realizó el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño.
Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos había dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años, además de que un cuarto menor fue recuperado con vida por las Fuerzas Militares y quedó bajo protección del Estado para el restablecimiento de sus derechos.
El Ministerio de Defensa informó que:
«Como resultado de la operación militar, se neutralizaron 10 de sus integrantes, todos ellos combatientes; así mismo se capturó uno más y se recuperó a un menor de edad en función continua de combate a quien se le restablecieron sus derechos».
La cartera también sostuvo que la responsabilidad sobre la presencia de menores corresponde a las organizaciones ilegales que los reclutan e instrumentalizan para actividades armadas.
Reclutamiento forzado: el argumento del Gobierno
Tras conocerse la presencia de adolescentes en el campamento bombardeado, el Ministerio de Defensa reiteró que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra.
En el comunicado oficial indicó que:
«El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario».
Asimismo, señaló que:
«Es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narcoterroristas» que incorporan menores a sus estructuras armadas.
La administración De La Espriella ha defendido públicamente la utilización de la fuerza militar contra grupos armados ilegales y ha anunciado una política más ofensiva frente a organizaciones como las disidencias de las FARC, el ELN y las estructuras narcotraficantes.
Las cifras que reavivan el debate
La muerte de menores durante operaciones militares no es un fenómeno nuevo en Colombia y ha generado fuertes controversias durante varios gobiernos.
Según cifras reveladas recientemente por el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, durante el gobierno de Gustavo Petro se registraron 62 menores de edad fallecidos en operaciones militares, mientras que durante el gobierno de Iván Duque la cifra reportada fue de 42 menores muertos en este tipo de acciones.
Los datos han reabierto la discusión sobre la eficacia de las medidas adoptadas para evitar afectaciones a niños, niñas y adolescentes utilizados por organizaciones armadas ilegales.
El debate cobra mayor relevancia porque la Defensoría del Pueblo ha advertido un incremento sostenido del reclutamiento forzado. Solo entre enero y julio de 2026 fueron identificados 97 nuevos casos, principalmente en departamentos como Cauca, Norte de Santander y Nariño.
Mientras el Gobierno insiste en que la responsabilidad recae sobre los grupos que reclutan menores, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan reclamando mayores mecanismos de prevención y protección para evitar que niños y adolescentes terminen atrapados en medio del conflicto armado.
La combinación de estos dos temas, el respeto a las decisiones judiciales y el manejo de las operaciones militares con presencia de menores reclutados, se ha convertido en la primera gran prueba política e institucional para la administración de Abelardo De La Espriella en sus primeras semanas al frente del país.
