Abren proceso de responsabilidad fiscal por $9.000 millones por irregularidades en canal de encauzamiento de arroyos en Sabanalarga

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $9.000 millones por presuntas irregularidades en la construcción de un canal para el encauzamiento de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

La medida se deriva del seguimiento realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) a los recursos destinados para esta obra, considerada esencial para mitigar riesgos de inundaciones y proteger a la comunidad local.

Obra inconclusa y abandonada

El seguimiento técnico detectó inconsistencias entre el avance físico de la obra y los recursos ejecutados. Entre los hallazgos, la Contraloría identificó que la ruptura de tuberías de alcantarillado generó retrasos significativos y obligó a reubicar redes y manjoles, lo que impactó directamente el cronograma pactado.

La entidad también advirtió que la obra requiere trámites ambientales adicionales ante la autoridad regional para poder intervenir el cauce de los cuerpos de agua, un requisito que no había sido gestionado oportunamente.

Como resultado, el proyecto de “Construcción de la canalización de arroyo Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto del municipio de Sabanalarga” permanece inconcluso, abandonado y sin aportar beneficios a la comunidad, pese a la inversión pública ejecutada.

Falta de control institucional

En su análisis, la Contraloría evidenció una ausencia de control y seguimiento por parte de autoridades municipales competentes, lo cual aumentó el riesgo de detrimento patrimonial en perjuicio del Estado y afectó el cumplimiento del objetivo social de la obra.

Los presuntos responsables fueron vinculados al proceso debido a su participación en la estructuración y ejecución del contrato.

Acción de control fiscal en curso

La apertura del proceso busca establecer responsabilidades frente al posible daño al patrimonio público y garantizar la recuperación de los recursos invertidos. Asimismo, el órgano de control reiteró que continuará ejerciendo vigilancia permanente sobre la obra hasta que se definan las medidas que permitan evitar que el abandono se traduzca en una pérdida definitiva para el municipio.