La Fiscalía General de la Nación imputó a 18 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la apropiación fraudulenta de terrenos en el municipio de Soledad, Atlántico.
De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían confabulado para quedarse de manera irregular con dos predios privados y dos terrenos públicos destinados a un parque vecinal y un megacolegio, con un valor superior a los 2.900 millones de pesos.
Entre los implicados se encuentran la notaria segunda de Barranquilla, Ana Dolores Meza Caballero; el notario único de Santo Tomás, Francisco María Mejía De La Hoz; funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como David de Castro Macías, Juan Manuel Ucros Ucros, José Luis Pacheco Terán e Iván Carlos Páez Redondo; la exinspectora de Policía, Neisy Esther Cantillo del Toro; y el inspector Marlon José Mora Montesino.
También fueron vinculados abogados como José Luis Márquez Monterrosa, Alex Manuel Ahumada Díaz, Rafael Enrique Bossio Pinzón y Andrés Rafael Diazgranados Cruz, este último vinculado a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Soledad. Además, figuran particulares señalados de participar en el esquema fraudulento.
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Según el ente acusador, la red utilizó su influencia en cargos públicos y su conocimiento del sistema registral para fabricar documentos falsos entre ellos escrituras, licencias y resoluciones con los que promovían procesos judiciales de pertenencia basados en hechos inexistentes. Estas acciones les permitían obtener decisiones judiciales que legitimaban el cambio de titularidad de los predios a favor de terceros.
En uno de los casos, se constató el pago de un soborno a un asesor de la Secretaría de Gobierno de Soledad para facilitar la apropiación ilegal. Los involucrados, además de falsificar documentos, habrían propiciado invasiones y construcciones informales para luego vender los lotes a personas de buena fe, con la promesa de futuros proyectos urbanísticos que nunca se materializarían.
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La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho y falso testimonio. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Como medida preventiva, los jueces de control de garantías ordenaron detención domiciliaria para Ana Dolores Meza Caballero e Ismael Cárcamo Albarino, mientras que cuatro funcionarios públicos permanecerán vinculados al proceso sin restricción de libertad. Los 12 procesados restantes fueron enviados a centros carcelarios mientras avanzan las investigaciones.
