La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de los presuntos involucrados en las irregularidades del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, firmado para llevar internet a escuelas rurales del país.
De acuerdo con el ente acusador, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Las investigaciones indican que estas propiedades pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares, y que habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la unión temporal.
Adicionalmente, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra TIC Karen Cecilia Abudinen.
Las medidas, ordenadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tienen carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en un proyecto que pretendía instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
Según la Fiscalía, se evidenció la mezcla de bienes lícitos con recursos de origen ilícito y el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumentos para la comisión de las irregularidades investigadas.
