La Sala de Casación Penal ratificó las penas contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, señalados de favorecer a delincuentes a cambio de dinero, licor, fiestas y servicios sexuales.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio involucrados en una red de corrupción judicial que, según el alto tribunal, favoreció a personas privadas de la libertad mediante decisiones contrarias a la ley.
La decisión fue confirmada por el magistrado Diego Corredor y ratifica las penas contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño. Díaz Rodríguez deberá cumplir una condena cercana a los 11 años por prevaricato por acción, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron condenados a 10 años de prisión por cohecho propio y prevaricato por acción.
De acuerdo con la Corte, los exfuncionarios judiciales adoptaron decisiones ilegales para beneficiar a procesados y condenados, entre ellos personas vinculadas con estructuras criminales. La Sala Especial de Primera Instancia ya había advertido que los exmagistrados pusieron en duda “la integridad y moralidad” con la que debe ejercerse la judicatura.
El expediente señala que en algunos casos se habrían recibido millonarias sumas de dinero, hospedajes, fiestas, licor y servicios sexuales como contraprestación por decisiones judiciales favorables. Semana reveló que en uno de los episodios se habría pactado hasta una sentencia absolutoria tras reuniones en un hotel a las afueras de Villavicencio.
La Procuraduría había pedido la condena al considerar probado que los exmagistrados recibieron dineros y prebendas para favorecer a terceros en procesos penales. El Ministerio Público sostuvo que incluso se habrían recibido 150 millones de pesos e invitaciones pagas en hoteles para revocar una condena contra una pareja procesada por homicidio y tentativa de homicidio.
Con la nueva decisión, la Corte también compulsó copias a la Fiscalía para que investigue un posible soborno de 100 millones de pesos relacionado con un fallo de tutela. El delito de concierto para delinquir no fue objeto de decisión porque prescribió.
Pero además del dinero, la Corte concluyó que los magistrados condenados también recibieron atenciones en el balneario Paloverde, donde Jiménez y Bayardo pagaron consumo de licor y prostitutas para los magistrados por al menos tres años seguidos.
Uno de los casos fue el de la viuda de Autorollings quien contó que los magistrados recibieron servicios sexuales a cambio de sus decisiones.
“Según MARBELLY, el rasgo común de las reuniones era el acercamiento con agasajos en los que se ofrecía comida, licor y servicios sexuales de mujeres, aceptados por los doctores ALCIBÍADES VARGAS BAUTISTA y JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO, quienes consentían las invitaciones de sus tres asesores jurídicos, materializadas en el hotel Paloverde depropiedad de MIGUEL PIÑEROS, amigo del magistrado VARGAS BAUTISTA, en horas de la tarde, entre la 1:00 o 2:00 p.m. hasta las 6:30 o 7:00 p.m.” Corte Suprema
Los condenados recibieron el beneficio de prisión domiciliaria, según la decisión inicial de la Corte Suprema, debido a que no registraban antecedentes.