Se reactivan las audiencias dentro del proceso penal que enfrenta Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, por el denominado caso Aguas Vivas, relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de un lote de cerca de 147.000 metros cuadrados ubicado en el sector suroriental de la ciudad, entre El Poblado y Las Palmas.
La diligencia continuará ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en una etapa clave del proceso, en la que la Fiscalía General de la Nación seguirá exponiendo los elementos probatorios y los fundamentos de la acusación contra Quintero y otros doce procesados, entre exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y particulares vinculados al predio.
Quintero fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación sostiene que durante su administración se habrían adoptado decisiones administrativas orientadas a favorecer intereses privados mediante la valorización irregular del predio Aguas Vivas.
El caso se remonta a 2019, cuando el lote fue entregado sin costo al Distrito de Medellín como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas. Según la tesis del ente acusador, ese terreno quedó incorporado al patrimonio público, pero posteriormente se habrían impulsado actuaciones para cambiar la naturaleza de la operación y permitir un eventual pago superior a los $40.500 millones a favor de particulares.
La Fiscalía también ha señalado que, al no prosperar el pago directo, se habrían expedido actos administrativos que terminaron favoreciendo la devolución o valorización del predio. Entre ellos se menciona el Decreto 412 de 2023, que habría ampliado los usos permitidos del lote y aumentado su valor comercial, pese a que, según los investigadores, existían restricciones derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial.
En la audiencia, el ente investigador continuará sustentando su acusación con un amplio material probatorio, que incluye documentos, correos electrónicos, informes técnicos, peritajes, planos, inspecciones y testimonios de funcionarios y personas relacionadas con el trámite. La Fiscalía busca demostrar que las decisiones adoptadas entre 2020 y 2023 no obedecieron a criterios técnicos ni jurídicos ordinarios, sino a un presunto interés de beneficiar a terceros.
Además de Quintero, el proceso involucra a exfuncionarios de su administración y a particulares relacionados con las firmas que tenían intereses sobre el predio. Entre los mencionados figuran exsecretarios, exsubsecretarios y representantes de empresas privadas. Todos los procesados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial en firme.
La defensa de Quintero y de otros procesados ha cuestionado la imputación y ha solicitado nulidades, argumentando supuestas fallas en la exposición de los hechos y en la claridad de los cargos formulados por la Fiscalía. En audiencias anteriores, los abogados sostuvieron que la acusación no habría explicado de forma suficientemente detallada la participación concreta de cada implicado.
La reanudación del proceso ocurre pocos días después de que el Gobierno Nacional oficializara el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, mediante el Decreto 0433 de 2026. Su llegada al cargo ha generado debate político debido a la relevancia de la entidad que ahora dirige y al proceso penal que continúa en su contra.
Quintero ha negado irregularidades y ha sostenido en distintos escenarios que el caso tiene motivaciones políticas. Sus críticos, en cambio, consideran que el proceso debe avanzar para esclarecer si hubo o no detrimento patrimonial y favorecimiento indebido de particulares.
Con la audiencia de acusación, el expediente entra en una fase determinante antes del juicio. Allí se definirá el alcance formal de los cargos, las pruebas que serán discutidas y el camino procesal que seguirá uno de los casos judiciales más relevantes asociados a la administración de Quintero en Medellín.