La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de procesos de responsabilidad fiscal por más de $1.439 millones, tras detectar irregularidades en contratos de malla vial en la localidad de Puente Aranda.
Los hallazgos se derivan de auditorías realizadas durante 2024 y 2025, en las que se identificaron posibles afectaciones al patrimonio público en proyectos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local.
Según explicó el contralor Juan Camilo Zuluaga Morillo, los procesos buscan establecer responsabilidades frente a decisiones que habrían impactado la ejecución de obras y el uso eficiente de los recursos públicos.
Uno de los hallazgos corresponde al contrato de obra No. 263 de 2022, en el que se evidenció un presunto pago indebido tras la modificación de precios unitarios, lo que habría generado un mayor valor cancelado. El segundo caso está relacionado con el contrato 319 de 2020, donde se detectaron pagos por estudios y diseños que no fueron utilizados en su totalidad.
“Detrás de cada hallazgo hay una realidad: obras que se demoran, recursos que no se aprovechan completamente y decisiones que afectan la calidad de vida de la gente”, señaló Zuluaga.
Durante la jornada de control social, la entidad también anunció una actuación especial de fiscalización sobre un contrato recientemente liquidado en la zona industrial de la localidad, el cual había sido objeto de seguimiento a través del programa Vamos a la Obra.
La actividad incluyó recorridos técnicos por tramos de obra y espacios de diálogo con ciudadanos y veedores, en los que se recogieron inquietudes sobre el avance y calidad de las intervenciones viales.
La Contraloría reiteró que continuará llevando el control fiscal “del escritorio al territorio”, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana y garantizar mayor transparencia en la ejecución de los recursos públicos en Bogotá.
