El Inpec confirmó que Wadith Manzur será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, mientras que Karen Manrique permanecerá en la cárcel El Buen Pastor. Ambos fueron enviados a centro carcelario por decisión de la Corte Suprema dentro de la investigación por presuntas dádivas ligadas al caso de corrupción de la UNGRD.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definió este 18 de marzo de 2026 los sitios de reclusión para los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes habían resultado reelegidos en las legislativas del pasado 8 de marzo. Según esa determinación, Manzur será trasladado a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, y Manrique a la cárcel El Buen Pastor, también en la capital.
La definición de los lugares de reclusión se produjo una semana después de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 11 de marzo de 2026, acusara por cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista, y además impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manzur y Manrique. En esa misma actuación, el alto tribunal dejó en libertad a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados al proceso.
¿Por qué los investigan?
De acuerdo con la Corte Suprema, la investigación se centra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando los hoy procesados integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La hipótesis judicial sostiene que habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
Según el expediente reseñado por la Corte, la contraprestación para los congresistas habría sido el impulso de contratación e interventorías en tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar. El tribunal señaló además que en reuniones documentadas se habrían definido montos y beneficios para comprometer la función pública de los legisladores. En esta etapa, la Corte no ha emitido condena, pero sí concluyó que el material recaudado permite sostener que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.
Quién es Wadith Manzur
Wadith Alberto Manzur Imbett es dirigente del Partido Conservador Colombiano y venía ejerciendo como representante a la Cámara por Córdoba en el periodo 2022-2026. En la Cámara figura como integrante de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, encargada de temas de hacienda y crédito público; además, su perfil institucional registra que también ocupó esa misma comisión en el periodo 2018-2022.
En su formación académica, la Cámara de Representantes y Congreso Visible señalan que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, cursó un máster en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado y realizó un posgrado en Mercadeo Político y Manejo de Campañas Electorales en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
En política nacional, Manzur completa dos periodos en la Cámara, desde 2018. Su perfil oficial lo presenta como militante conservador y miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador. En las elecciones del 8 de marzo de 2026 resultó reelegido para el Congreso, en medio del avance del proceso judicial por la UNGRD.
En el plano familiar y político, Wadith Manzur proviene de una casa con tradición pública en Córdoba. Es hijo del exsenador conservador Julio Alberto Manzur Abdala, quien tuvo una larga trayectoria en el Congreso de Colombia. Esa herencia le dio a Wadith Manzur una plataforma temprana en la vida pública, aunque la figura de su padre también ha estado rodeada de controversia judicial por sus vínculos con estructuras paramilitares.
Quién es Karen Manrique
Karen Astrith Manrique Olarte es congresista de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Arauca. En la Cámara aparece vinculada a la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional y al periodo constitucional 2022-2026. Su trayectoria institucional incluye participación en la Comisión Primera Constitucional Permanente, así como en la Comisión de Paz y Posconflicto y la Comisión de Ordenamiento Territorial; en legislaturas anteriores dentro del mismo cuatrienio también estuvo en la Comisión Tercera.
Su perfil público la identifica como nacida en Tame, Arauca, y formada en Administración de Empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Registra además estudios de posgrado y maestría en Gestión Pública, Gestión de Proyectos, Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Gestión y Dirección de Proyectos y Derecho Ambiental y Sostenibilidad, según la información publicada por Congreso Visible y la Cámara.
Manrique llegó al Congreso en 2022 por una curul especial de paz y fue presentada por la Cámara como una representante con agenda enfocada en víctimas, ruralidad y territorios históricamente afectados por el conflicto. En el plano electoral, distintos reportes coinciden en que fue reelegida el 8 de marzo de 2026, mientras la Corte avanzaba en la investigación que hoy la mantiene privada de la libertad.
Los otros congresistas salpicados en este tramo del caso
En la decisión del 11 de marzo, la Corte incluyó además a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán el proceso en libertad. Caracol identificó a esos seis nombres —sumados Manzur y Manrique— como el grupo de congresistas procesados en este capítulo por presuntas irregularidades relacionadas con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Pero el escándalo de la UNGRD no se agota en ese expediente. En otra línea del caso, la Corte dejó en firme el juicio contra los expresidentes del Congreso Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, por los sobornos que habrían recibido dentro del mismo entramado. Además, desde 2024 la Fiscalía había pedido a la Corte indagar a otros congresistas mencionados por exdirectivos de la entidad, entre ellos Julio Elías Chagüi.
Funcionarios y exfuncionarios mencionados en el caso
El caso también ha involucrado a exdirectivos y exfuncionarios del Gobierno nacional. Entre los nombres más recurrentes en los distintos expedientes, imputaciones, juicios y menciones públicas aparecen el exdirector de la UNGRD Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, el exdirector de Función Pública César Manrique, y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Reportes recientes también señalan menciones al exministro Diego Guevara dentro de la acusación revisada por la Corte.
En este punto, el estado procesal no es idéntico para todos. Algunos aparecen como testigos colaboradores, otros como imputados o acusados en diferentes actuaciones, y otros como mencionados en expedientes o reportes judiciales. Por eso, en términos periodísticos, la fotografía del caso sigue siendo la de una macroinvestigación con varias líneas abiertas y con decisiones que se han ido produciendo de manera separada entre la Fiscalía y la Corte Suprema.
Contexto: cómo se convirtió la UNGRD en un caso de alto impacto político
El expediente que hoy tiene a Manzur y Manrique en centros de reclusión se desprende del mayor escándalo de corrupción que ha golpeado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en los últimos años. El caso comenzó con las revelaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira y después escaló hacia una estructura más amplia, en la que recursos y contratos de la entidad habrían sido usados como moneda de cambio para obtener apoyos políticos y legislativos.
En esa reconstrucción, los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla se volvieron pieza clave para seguir la pista a posibles acuerdos entre funcionarios del Ejecutivo y congresistas. La decisión de la Corte contra Manzur y Manrique refuerza esa lectura: para el alto tribunal, no se trata solo de una discusión administrativa, sino de una presunta utilización de la función pública para intercambiar favores por contratación.
Qué sigue en el proceso
Tras la decisión de la Corte y la definición de los lugares de reclusión por parte del Inpec, el proceso continuará con la notificación al Congreso para la suspensión del ejercicio de sus cargos y, una vez la providencia quede ejecutoriada, con el traslado del expediente a la Sala Especial de Primera Instancia, donde seguirá la etapa de juzgamiento. Para Manzur y Manrique, el caso entra así en una fase más severa: la de enfrentar la acusación penal privados de la libertad y con futuro político en entredicho, pese a haber sido reelegidos hace apenas diez días.