Hocol filial de Ecopetrol aseguró que los hechos denunciados por el exdirectivo Luis Enrique Rojas no son nuevos, que fueron reportados a las autoridades en su momento y que se adoptaron medidas de protección. La Fiscalía, por su parte, confirmó que el exfuncionario es un testigo clave y que ya activó protocolos de seguridad.
La tensión alrededor del proceso judicial que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sumó un nuevo capítulo tras la respuesta oficial de Hocol a las denuncias de amenazas y seguimientos hechas por su expresidente, Luis Enrique Rojas Cuéllar, hoy considerado por la Fiscalía General de la Nación como un testigo clave en la investigación por presunto tráfico de influencias.
En un comunicado, la filial de Ecopetrol rechazó los señalamientos en su contra, aseguró que los hechos mencionados por Rojas no son recientes y sostuvo que, desde que tuvo conocimiento de las denuncias, activó rutas institucionales, reforzó medidas de seguridad y trasladó la información a las autoridades competentes.
La controversia tomó fuerza luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara públicamente que uno de los testigos del caso contra Ricardo Roa ha recibido amenazas. Sin mencionar detalles adicionales sobre los responsables, la jefa del ente acusador indicó que se activaron los protocolos del programa de protección a testigos para evaluar el nivel de riesgo y adoptar las medidas necesarias.
La posición de la Fiscalía
La fiscal Camargo afirmó que Luis Enrique Rojas tiene relevancia dentro del proceso penal que rodea a Ricardo Roa y a las supuestas presiones para favorecer con contratos de Hocol a terceros cercanos al caso.
“En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado”: Luz Adriana Camargo, Fiscal General
La declaración de la fiscal se conoció después de que se revelara la ampliación de denuncia presentada por Rojas, en la que entregó a las autoridades videos, chats y otra información relacionada con presuntos seguimientos, llamadas intimidatorias y hechos que, según su versión, comprometían su seguridad.
Qué respondió Hocol
Frente a ese escenario, Hocol difundió un pronunciamiento en el que señaló que las denuncias del exdirectivo no corresponden a hechos nuevos ni sobrevinientes, sino a situaciones ocurridas entre 2024 y 2025, las cuales, según la empresa, ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades.
“Los hechos relatados por el señor Luis Enrique Rojas no son recientes y datan de hace dos años, por tanto, no son sobrevinientes ni nuevos”.
La compañía afirmó que desde el 29 de mayo de 2024, fecha en la que Rojas se vinculó a Hocol, este manifestó haber recibido amenazas telefónicas, las cuales en ese momento habría atribuido a cambios internos dentro del equipo directivo de la empresa. De acuerdo con el comunicado, esos hechos fueron reportados a las autoridades en agosto de 2024.
La firma también indicó que en diciembre de ese mismo año Rojas denunció haber recibido una llamada de un supuesto comandante paramilitar. Sin embargo, según Hocol, la situación fue revisada por el Gaula de la Policía, que concluyó que se trató de una llamada extorsiva proveniente de una cárcel.
“La compañía alertó del hecho al Gaula de la Policía, que desestimó y calificó el hecho como una llamada extorsiva desde una cárcel”.
El supuesto atentado y la versión de la empresa
Otro de los puntos abordados por Hocol fue un presunto atentado denunciado por Rojas en diciembre de 2024. Sobre ese episodio, la compañía aseguró que las unidades policiales que atendieron la situación determinaron que no se trató de un ataque dirigido contra su vida, sino de un intento de hurto de su vehículo.
Según la empresa, tanto este hecho como los anteriores fueron denunciados penalmente por solicitud del propio Rojas y de la junta directiva de Hocol.
“Las unidades de policía del cuadrante que atendieron la situación establecieron que se trató de un intento de hurto de su vehículo y no de un hecho que buscara atentar contra su vida”.
La empresa no hizo referencia expresa, al menos en ese comunicado, a una llamada más reciente que habría recibido el exdirectivo desde un número con serial de Países Bajos, uno de los elementos que han aumentado la preocupación de las autoridades por su seguridad.
Las medidas de protección, según Hocol
En su pronunciamiento, Hocol sostuvo que sí adoptó medidas de seguridad a favor del exdirectivo una vez conoció las denuncias.
La compañía indicó que el 1 de septiembre de 2024 fortaleció su esquema de protección como medida preventiva y que, además, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la asignación de un esquema adicional. Esa petición, según la empresa, fue negada porque la entidad no encontró mérito suficiente para concederla.
Después del retiro de Rojas, ocurrido el 30 de abril de 2025, la empresa aseguró que mantuvo durante tres meses un esquema de seguridad reforzado y que el 31 de julio de 2025 volvió a reportar el caso ante la UNP y la Fiscalía con las circunstancias que el exdirectivo había denunciado.
“Posterior a su retiro, Hocol S.A. le extendió por 3 meses su esquema de seguridad reforzada”.
El episodio del ingreso armado a las oficinas
Hocol también se refirió a una imagen de chat presentada por Rojas ante las autoridades y dentro de actuaciones judiciales, con la que, según la empresa, el exdirectivo buscaba demostrar que no se le permitió el ingreso con armas a las oficinas de la compañía el 7 de mayo de 2025.
Frente a ese hecho, la firma aseguró que la decisión obedeció exclusivamente a los protocolos internos de seguridad y control de acceso vigentes, y negó que se tratara de una acción intimidatoria.
“La decisión se adoptó en cumplimiento de los protocolos internos de seguridad y control de acceso vigentes, sin que ello constituya un hecho irregular ni mucho menos un acto de intimidación en su contra”.
El trasfondo: el caso que rodea a Ricardo Roa
La declaración pública de Hocol ocurre en medio del proceso que involucra al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un caso de presunto tráfico de influencias.
Rojas es considerado testigo relevante en esa investigación por sus señalamientos sobre supuestas presiones para favorecer con contratos de Hocol a la empresa Gaxi, vinculada al expolicía Juan Guillermo Mancera.
Mancera ha sido mencionado en el caso por su presunto papel como intermediario en la compra del apartamento 901 de Roa, una operación inmobiliaria revelada públicamente desde 2023 y que hace parte del expediente que hoy examinan las autoridades. Según la Fiscalía, ese inmueble fue adquirido por debajo de su valor comercial y, en el pasado, habría pertenecido al empresario Serafino Iacono, reconocido en el sector de hidrocarburos.