La investigación penal contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, entró en una nueva fase luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y un supuesto tráfico de influencias en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
La posición de la defensa
El abogado Juan David León, representante legal de Roa, aseguró que la imputación no modifica su situación jurídica ni justifica una renuncia inmediata.
León sostuvo que la imputación “no equivale a una condena” y que su defendido conserva plenamente la presunción de inocencia. “No vemos necesario que renuncie, aunque es una decisión que se está valorando dentro del gobierno corporativo”, afirmó.
El jurista insistió en que, en el sistema penal colombiano, la Fiscalía es una parte procesal y que solo una sentencia en firme puede desvirtuar la inocencia de una persona.
Los dos ejes de la investigación
La Fiscalía avanza en dos líneas principales contra el presidente de Ecopetrol:
La primera está relacionada con una presunta violación de los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022, cuando Roa se desempeñó como gerente. Este delito fue incorporado al Código Penal tras las reformas derivadas del caso Odebrecht.
De manera preliminar, se ha mencionado un posible exceso superior a 1.500 millones de pesos, aunque la defensa cuestiona la solidez de esas cifras. “Hay un manto de especulación. Nadie sabe con certeza de dónde salen esos montos”, señaló León.
El segundo eje corresponde a un supuesto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento, conocido como el “apartamento 901”, adquirido presuntamente por debajo de su valor comercial.
El caso del apartamento
Sobre este punto, la defensa sostiene que la transacción fue completamente legal y transparente. Según León, existe trazabilidad bancaria, intermediación crediticia y respaldo documental que acredita el origen de los recursos.
“Fue una operación como la de cualquier ciudadano que adquiere un inmueble. Todo está soportado”, aseguró.
En diciembre pasado, Roa rindió interrogatorio dentro de la investigación preliminar por este hecho.
De manera paralela, en un proceso civil relacionado con deudas de campaña, se programó una diligencia de embargo y secuestro del inmueble. El trámite se inició en diciembre de 2024 y avanzó con órdenes judiciales en 2025 y 2026, según fuentes judiciales.
Proceso por financiación de campaña
En el expediente sobre la campaña presidencial, la defensa ha solicitado que Roa sea escuchado formalmente por la Fiscalía para ejercer su derecho a la defensa.
“Vamos a pedir que sea interrogado nuevamente. Queremos que dé su versión ante los fiscales”, afirmó León.
El abogado indicó que su cliente ha mantenido una interlocución constante con los investigadores para aclarar cualquier inconsistencia contable.
El papel de Juan Guillermo Mancera
Dentro de la investigación por el inmueble, la Fiscalía también analiza el rol del exoficial de Policía Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales y posteriormente contratista de Ecopetrol, quien aparece realizando pagos relacionados con el apartamento.
El delegado de la Fiscalía Raúl González confirmó que Mancera hace parte del proceso por un presunto favorecimiento contractual posterior a su participación en la negociación del inmueble.
Mancera, quien permanece fuera del país, ha sostenido que su actuación se ajustó a la ley y a los controles internos de Ecopetrol.
Además, la Fiscalía estableció que una empresa vinculada al empresario Serafino Iacono habría participado como proveedora en contratos relacionados con este entorno empresarial.
Silencio institucional
Pese al impacto del caso, Ecopetrol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de su presidente. Tampoco se ha informado si la junta directiva evaluará medidas internas mientras avanzan las investigaciones.
Fuentes cercanas a Roa señalaron que en los últimos días ha consultado a sus asesores jurídicos sobre los efectos del proceso civil y penal, y ha reiterado que se trata de asuntos derivados de la campaña y no de su gestión al frente de la empresa.
Lo que viene en el proceso
En las próximas semanas, la Fiscalía definirá las fechas para las audiencias de imputación por ambos casos. A partir de ese momento, se abrirá formalmente la etapa judicial, en la que Roa podrá aceptar o rechazar los cargos y solicitar pruebas.
Mientras tanto, su defensa reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y aclarar cada uno de los señalamientos.