La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras realizar auditorías de cumplimiento a recursos del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el ente de control, durante 2025 se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país, que permitieron identificar presuntas irregularidades asociadas principalmente a sobrecostos, pagos sin soporte de ejecución y deficiencias contractuales.
Hallazgos en recursos del Presupuesto General de la Nación
La Contraloría auditó 68 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que concentran más del 90 % de los recursos del PAE a nivel nacional, y encontró 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones.
Según el informe, las principales causas del posible detrimento patrimonial corresponden a:
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Sobrecostos: 22 hallazgos por $18.106 millones (75 %).
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Pagos sin soportes de ejecución: 12 hallazgos por $2.790 millones (12 %).
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Deficiencias en la ejecución contractual: 3 hallazgos por $2.706 millones (11 %).
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Incumplimiento de lineamientos del programa: 3 hallazgos por $649 millones (3 %).
La región Centro Oriente presentó la situación más crítica, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso de mayor cuantía se registró en Soacha (Cundinamarca), donde la Contraloría identificó un presunto detrimento por $3.550 millones, derivado de valores incluidos en la estructura de costos que superaron lo efectivamente ejecutado por el contratista.
En Boyacá, el ente de control detectó posibles irregularidades por $2.010 millones en convenios de cofinanciación del PAE suscritos en 2024, tras encontrar diferencias entre los valores reconocidos y los pagos efectivamente realizados a las manipuladoras de alimentos.
Regalías bajo la lupa
En relación con los recursos del Sistema General de Regalías, la Contraloría identificó cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, así como en el municipio de Arauca, correspondientes a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.
El hallazgo de mayor cuantía se presentó en Nariño, por $23.549 millones, debido al incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, asociado a fallas en la planeación y ausencia de aprobación formal de los ciclos de menú, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los parámetros nutricionales.
En Arauca, se determinó un hallazgo por $3.111 millones, al evidenciarse pagos sin soportes contables, financieros ni técnicos suficientes, además de debilidades en la interventoría y supervisión del programa.
Alerta por inicio tardío del PAE en 2026
En el marco del Control Social Participativo, la Contraloría alertó que cerca de 800.000 estudiantes resultarían afectados debido a que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico de 2026 en 12 Entidades Territoriales Certificadas.
Esta situación se presenta en Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
Finalmente, la Contraloría General de la República reiteró su preocupación por las fallas estructurales y reiteradas en la ejecución del PAE, al advertir que estos recursos están destinados a garantizar la nutrición y permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes, en un contexto donde aún más de 1,2 millones de estudiantes no cuentan con cobertura del programa a nivel nacional.
