La Contraloría General de la República encendió nuevas alertas sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al advertir serias deficiencias tanto en la financiación como en la gestión de la importación de la maquinaria necesaria para su operación, situaciones que podrían poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de documentos de viaje.
En un informe divulgado este 3 de diciembre de 2025, el ente de control anunció la emisión de dos alertas de control interno relacionadas con la ejecución de contratos estratégicos para la producción y personalización de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa.
La primera alerta se refiere a presuntas fallas en el proceso de financiación del nuevo modelo, especialmente en el trámite de vigencias futuras y en la aceptación de compromisos presupuestales por $1,3 billones por parte de la Imprenta Nacional de Colombia, recursos que, según la Contraloría, no estarían directamente vinculados con su misionalidad.
El organismo de control cuestionó, además, la actuación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), entidad que será la contratante del modelo, al considerar que no adelantó los trámites necesarios para garantizar la financiación y la continuidad del servicio como unidad ejecutora. Aunque el Fondo Rotatorio es el receptor de los recursos derivados de la expedición de pasaportes, ha venido asumiendo gastos asociados al servicio sin que exista claridad sobre la sostenibilidad financiera del nuevo esquema.
Para la Contraloría, estas deficiencias comprometen la viabilidad financiera del modelo de pasaportes y abren la posibilidad de afectaciones en la prestación de un servicio esencial para los ciudadanos.
La segunda alerta está relacionada con el riesgo de incumplimiento del cronograma de importación y nacionalización de la maquinaria requerida para poner en marcha el modelo de producción y personalización de pasaportes. El ente de control advirtió que persiste una indefinición sobre quién actuará como importador de las mercancías y cuál será el negocio jurídico que respalde la operación, elementos clave para cumplir con la normativa aduanera vigente.
Según la Contraloría, aún no se ha determinado la entidad responsable del pago de impuestos, tasas y contribuciones derivadas del trámite aduanero, ni se ha definido el instrumento jurídico que sustente la importación, teniendo en cuenta que se trata de un convenio con una entidad extranjera de derecho público. En este escenario, el importador debería ser la Imprenta Nacional de Colombia, pero no existe un acto jurídico que habilite al Fondo Rotatorio para asumir el pago de bienes que no son de su propiedad.
A ello se suma la falta de una estimación precisa del valor de las mercancías, de los tributos aduaneros y de los costos asociados a los servicios de un agente de aduanas, información indispensable para el registro presupuestal y contable de los recursos requeridos.
El ente de control advirtió que, de no ejecutarse estas actividades dentro de los plazos establecidos —en especial el inicio del transporte internacional de la maquinaria, previsto para el 8 de diciembre de 2025—, podría verse comprometido el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025. Esta situación acarrearía riesgos financieros y contractuales, incluida la eventual aplicación de una Garantía de Primer Requerimiento por 6,375 millones de euros contra la Imprenta Nacional de Colombia.
Ante este panorama, la Contraloría reiteró la necesidad de corregir de manera urgente las falencias identificadas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la correcta ejecución de los contratos. El organismo anunció que continuará con el seguimiento a estos procesos en el marco de su control fiscal preventivo y concomitante, con el fin de evitar afectaciones graves al servicio de pasaportes y posibles impactos sociales derivados de su interrupción.