En la madrugada de este martes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, será trasladado desde Bogotá hacia Estados Unidos, donde deberá responder por delitos relacionados con el narcotráfico. La extradición, inicialmente prevista para el jueves, fue adelantada por orden directa del presidente Gustavo Petro, en medio de denuncias sobre presuntos sobornos para frenar el proceso.
El jefe de la banda criminal La Inmaculada saldrá desde la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital, bajo estricta custodia de las autoridades. El operativo se mantiene bajo reserva, ante el temor de posibles retaliaciones o intentos de interferencia durante el traslado.
La decisión presidencial se tomó luego de que organismos de inteligencia alertaran sobre supuestas maniobras ilegales para retrasar su envío a territorio estadounidense. Fuentes oficiales señalaron que el adelanto busca cerrar cualquier ventana a actos de corrupción y garantizar el cumplimiento de los compromisos judiciales internacionales.
Un traslado con impacto político
El anuncio de la extradición ocurre en un momento clave para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Se da a menos de 24 horas del encuentro entre el presidente Petro y su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, lo que añade un componente diplomático al operativo.
Desde Washington, el ministro de Defensa confirmó que Marín Silva es requerido por una corte federal por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, vinculados a redes internacionales de tráfico de drogas.
Para el Gobierno colombiano, la extradición representa un mensaje de cooperación judicial y de firmeza frente a las organizaciones criminales que, incluso desde prisión, continúan delinquiendo.
Un historial marcado por la violencia
Alias Pipe Tuluá no solo es solicitado por autoridades estadounidenses. En Colombia, su prontuario es uno de los más extensos y sangrientos. Durante años lideró una estructura responsable de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes.
Actualmente cumplía una condena de 30 años de prisión por más de 39 asesinatos, entre ellos varios funcionarios del Inpec, crímenes que estremecieron al sistema penitenciario y evidenciaron el poder que ejercía desde los centros de reclusión.
Investigaciones judiciales lo señalan como el cerebro detrás de una red criminal que operaba dentro y fuera de las cárceles, coordinando acciones de sicariato y control territorial en el Valle del Cauca y otras regiones del país.
Golpe a las redes criminales
Para las autoridades, su extradición constituye un golpe estratégico contra las estructuras del narcotráfico que utilizan las prisiones como centros de mando. La salida de Marín Silva busca debilitar la influencia de La Inmaculada y enviar un mensaje disuasivo a otros cabecillas.
“El objetivo es cortar de raíz la capacidad de estos criminales para seguir delinquiendo desde las cárceles”, señaló una fuente del sector defensa.
El Gobierno confirmó que durante todo el trayecto se aplicarán protocolos especiales de seguridad, aunque evitó revelar detalles por razones operativas.
La aceleración del trámite se produce tras denuncias sobre supuestos pagos ilegales para impedir su extradición. Estos señalamientos son ahora materia de investigación por parte de los organismos de control.
Mientras tanto, con su partida inminente, se cierra uno de los capítulos más complejos del crimen organizado reciente en Colombia, marcado por la violencia,
