El Gobierno nacional dejó en firme la extradición de Pipe Tuluá, cuyo nombre real es Andrés Felipe Marín Silva, tras negar el último recurso legal presentado por su defensa. Con esta decisión, Colombia queda habilitada para coordinar con las autoridades de Estados Unidos la entrega del máximo cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, requerido por delitos de narcotráfico.
La confirmación fue anunciada por el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien explicó que el recurso de reposición interpuesto por la defensa fue rechazado y que el trámite administrativo quedó completamente agotado.
“El día lunes se firmó la confirmación de su extradición. Va para adelante esa extradición. A estas alturas, difícilmente se cambiará la decisión del Gobierno”, señaló el funcionario en rueda de prensa.
Decisión del Ejecutivo y respaldo judicial
La extradición de Marín Silva había sido avalada previamente por la Corte Suprema de Justicia, que dio concepto favorable para que respondiera ante la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, la decisión pasó al despacho del presidente Gustavo Petro, quien firmó en diciembre la Resolución Ejecutiva N.º 440 autorizando su entrega.
Contra esa resolución, la defensa presentó un recurso de reposición argumentando que, dado que el Gobierno abrió la puerta a eventuales diálogos con la banda La Inmaculada en el marco de la política de “paz total”, la permanencia de su jefe en Colombia debía ser prioritaria. No obstante, el Ministerio de Justicia concluyó que se cumplían todos los requisitos constitucionales y legales para la extradición y que no era procedente suspenderla.
En un documento de diez páginas, la cartera explicó que “no resultaba conveniente diferir la entrega del requerido, en atención a la necesidad de dar curso a la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad transnacional”.
¿Quién es alias Pipe Tuluá?
Alias Pipe Tuluá es considerado uno de los criminales más peligrosos del suroccidente del país. Lidera la organización La Inmaculada, con presencia principalmente en el norte del Valle del Cauca, dedicada a extorsiones, homicidios, secuestros y control territorial, además de vínculos con el tráfico de drogas.
Marín Silva está privado de la libertad desde 2015 y en Colombia cumple una condena de 30 años de prisión por al menos 46 homicidios, además de sentencias por secuestro extorsivo agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado. Pese a ello, las autoridades han reiterado que esos procesos no corresponden a los delitos de narcotráfico por los que es solicitado en extradición, por lo que no se vulnera el principio de non bis in ídem.
Actualmente permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de que el Inpec advirtiera que no existían garantías suficientes para su seguridad en un centro carcelario ordinario. Aun así, las autoridades sostienen que continúa ejerciendo influencia sobre su estructura criminal desde prisión.
Los cargos en Estados Unidos
La solicitud de extradición fue presentada por Estados Unidos con base en una acusación federal radicada el 11 de septiembre de 2024 ante una corte del Distrito Este de Texas. Allí se le imputan, entre otros, los delitos de:
- Concierto para distribuir y poseer cocaína.
- Conspiración para traficar y distribuir drogas con destino a Estados Unidos.
- Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de su importación ilegal.
Lo que sigue en el proceso
Con el rechazo del recurso de reposición y la confirmación de la resolución presidencial, se cerró el último obstáculo jurídico que impedía la extradición. Ahora, el Gobierno colombiano deberá coordinar con las autoridades estadounidenses y los organismos de seguridad la logística del traslado, que podría realizarse en las próximas semanas, una vez se definan condiciones de seguridad y custodia.
El Ministerio de Justicia reiteró que la existencia de condenas vigentes en Colombia no obliga a suspender la entrega, dado que la extradición es una facultad discrecional del Ejecutivo, amparada por la Constitución y la ley, y una herramienta clave en la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Con esta decisión, el caso de alias Pipe Tuluá se convierte en uno de los procesos de extradición más relevantes de los últimos años, tanto por el perfil del requerido como por su impacto en la seguridad regional y en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
