La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, procesado por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los municipios de Ituango y Dabeiba (Antioquia).
El proceso avanza ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, luego de que el oficial en retiro decidiera no aceptar responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados como máximo responsable por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusó como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, cometidos entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79 de la I División del Ejército Nacional.
Según la acusación, los crímenes ocurrieron en Ituango y Dabeiba, y en su mayoría los cuerpos de las víctimas habrían sido ocultados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. La UIA sostiene que Guzmán Ramírez lideró un plan criminal para presentar a civiles en condición de vulnerabilidad como supuestas bajas en combate, en el marco de una política institucional de incentivos y recompensas basada en resultados operacionales.
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El juicio se centrará en 10 hechos, que dejaron 18 víctimas directas, entre ellas menores de 13, 15 y 17 años. A la fecha, 70 víctimas indirectas —familiares de las personas asesinadas y desaparecidas— han sido acreditadas para participar en el proceso.
Durante la audiencia de instalación, la UIA y la defensa presentaron sus alegatos iniciales, en los que expusieron sus teorías del caso. Tras esta etapa, iniciará la práctica de pruebas testimoniales y periciales. Las primeras jornadas del juicio se realizarán en Medellín entre el 20 y el 23 de enero, luego de varios aplazamientos solicitados por la defensa, principalmente por cambios de apoderado y solicitudes de tiempo adicional para preparar el caso.
La magistratura decretó un amplio acervo probatorio, que incluye la declaración de 94 testigos —68 solicitados por la UIA, 16 por la defensa y 10 por las víctimas—, además de dictámenes forenses, análisis de reconstrucción tridimensional, estudios balísticos, y expedientes de la justicia ordinaria incorporados bajo el régimen especial de permanencia de la prueba.
Patrón macrocriminal
De acuerdo con la acusación, durante la comandancia de Guzmán Ramírez se estructuró y ejecutó un patrón macrocriminal orientado a obtener resultados operacionales ilegítimos. Este se caracterizó por la selección estigmatizada de las víctimas, el uso de engaños o coerción, el encubrimiento institucional, la simulación de legalidad, el aprovechamiento del contexto territorial y el desplazamiento forzado.
En varios hechos, el plan criminal habría contado con la cooperación de grupos paramilitares, específicamente del Bloque Mineros y del Bloque Elmer Cárdenas.
Las víctimas
Las 18 víctimas directas eran principalmente jóvenes campesinos y trabajadores en situación de vulnerabilidad económica. Del total, 17 eran hombres y una mujer. Tres de las víctimas habrían sido sometidas a reclutamiento forzado, incluyendo un menor de edad y personas desmovilizadas que posteriormente fueron utilizadas como guías.
Las víctimas indirectas acreditadas incluyen padres, madres, hermanos, hijos y otros familiares, quienes, según la UIA, no solo enfrentaron la pérdida de sus seres queridos, sino también una profunda estigmatización, al ser presentados públicamente como enemigos internos. El juicio incorporará pruebas periciales de daño psicosocial para evaluar las afectaciones simbólicas y territoriales causadas.
En contexto
Por los hechos ocurridos en Dabeiba e Ituango, ocho comparecientes que reconocieron responsabilidad y aportaron verdad avanzan en proceso ante la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP. La información entregada permitió la recuperación de 48 cuerpos y la identificación de 16 víctimas, cuyos familiares pudieron darles sepultura digna.
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