La Contraloría General de la República lanzó una advertencia por los riesgos financieros, operativos y de sostenibilidad que rodean la implementación del nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes en Colombia.
Según el organismo de control, el esquema planteado en el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional–Casa da Moeda de Portugal, presenta serias debilidades en su estructuración financiera y en la planeación de costos.
La Contraloría alertó que no existe una proyección clara de los costos anuales del servicio de formalización de pasaportes, lo que impide identificar con precisión los compromisos financieros y evaluar si las fuentes de recursos son suficientes para garantizar la operación del nuevo modelo.
También señaló que el convenio no define los valores que la Cancillería deberá pagar por la personalización de los documentos, pese a que existen herramientas para realizar dichas estimaciones. A esto se suma el cambio en las condiciones de producción, que pasa de un esquema a demanda a uno con cantidades mínimas anuales, sin considerar el comportamiento real de la solicitud de pasaportes por parte de los ciudadanos.
Otro de los puntos críticos es la falta de garantías para el suministro de libretas adicionales en caso de que se requieran volúmenes superiores a los pactados, ya que estos dependerían de la disponibilidad del proveedor internacional. Además, el Estado colombiano asumiría el riesgo cambiario derivado de la valoración de los documentos en euros, sin que exista evidencia de estudios para mitigar este impacto.
El ente de control advirtió, igualmente, sobre la inclusión del cobro de intereses a la tasa máxima legal vigente en Colombia, un costo que no se contemplaba en el modelo anterior, así como la exclusión de impuestos y contribuciones como el IVA, que antes hacían parte del valor total del servicio.
La Contraloría también alertó sobre posibles retrasos en la implementación del nuevo modelo, lo que podría derivar en sanciones económicas y afectar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.
Ante este panorama, el organismo de control instó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia a evaluar y adoptar medidas que eviten afectaciones al patrimonio público y garanticen la sostenibilidad del nuevo modelo.