Un grupo de gobernadores anunció que no aplicará varias de las disposiciones tributarias incluidas en el decreto de estado de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional presidido por Gustavo Petro. La controversia escaló a un pulso institucional entre el Ejecutivo y las regiones, y el Gobierno advirtió que adoptará acciones jurídicas ante el desacato.
En una movida sin precedentes recientes, al menos 17 de los 32 gobernadores de Colombia anunciaron que no aplicarán el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, en una declaración que algunos sectores han denominado una “rebelión de las regiones”. La medida, adoptada por el Ejecutivo en diciembre pasado para enfrentar un déficit fiscal y permitir la imposición de impuestos por decreto, ha sido cuestionada por mandatarios territoriales que alegan vulneraciones a la autonomía fiscal y al orden constitucional.
La postura de los gobernadores
La reacción de los mandatarios regionales se gestó durante una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Bogotá, donde representantes de diversas regiones coincidieron en que varias de las medidas contenidas en el decreto generan “un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera” y ponen en peligro la prestación de servicios esenciales como salud y educación.
El gobernador de Andrés Julián Rendón (Antioquia) ha sido uno de los voceros más firmes del bloque, al sostener que su departamento aplicará la figura de “excepción de inconstitucionalidad” para no implementar los nuevos impuestos, especialmente sobre licores y tabaco, en tanto la Corte Constitucional no se pronuncie de fondo sobre la legalidad de la norma.
La gobernadora de Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca) confirmó que se está construyendo un documento jurídico para justiciar la inaplícación del decreto según las realidades de cada territorio, mientras que la mandataria del Meta calificó la medida como “violatoria del orden constitucional”.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, respondió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó públicamente a los mandatarios regionales que han expresado su desacuerdo con la implementación del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno nacional. Frente a estos señalamientos, la mandataria departamental sostuvo que los gobernadores están actuando dentro del marco de la Constitución y la ley, haciendo uso de los mecanismos jurídicos disponibles frente a una norma que consideran jurídicamente cuestionable.
“Nosotros estamos dando aplicación a las herramientas jurídicas que tenemos y por eso vamos a acudir ante la justicia para que sean los organismos competentes los que nos den la razón en ese sentido”, afirmó Matiz, al reiterar que la postura de los gobernadores no implica un desacato, sino el ejercicio legítimo de acciones judiciales previstas en el ordenamiento colombiano para controvertir actos del Ejecutivo.
La gobernadora realizó estas declaraciones durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND). En ese espacio, Matiz calificó la medida como “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”, al advertir que el decreto afecta de manera directa las finanzas departamentales.
Durante su intervención, la mandataria del Tolima planteó la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto y, de forma paralela, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional, más allá del control automático que actualmente adelanta ese alto tribunal. “La discusión no puede limitarse solo a la emergencia. Es indispensable que la Corte tenga en cuenta la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos”, señaló Matiz, al advertir que, a su juicio, la norma termina castigando la gestión territorial al trasladar al Gobierno nacional los esfuerzos adicionales de recaudo realizados por las regiones.
Figura jurídica en el centro del debate
La figura de la “excepción de inconstitucionalidad” es el principal instrumento jurídico al que apelan los gobernadores para justificar su decisión de no acatar el decreto. Según los mandatarios, esta herramienta permite a una autoridad administrativa no aplicar una norma que consideran contraria a la Constitución, siempre y cuando esa contradicción sea manifiesta y ponga en riesgo principios fundamentales o la estabilidad financiera de las entidades territoriales.
Además de esta estrategia, los mandatarios anunciaron que presentarán acciones de tutela, radicarán oficios y recursos ante la Corte Constitucional solicitando la suspensión provisional del decreto y pedirán ser escuchados formalmente ante ese alto tribunal para explicar los motivos de su rechazo.
Respuesta del Gobierno
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, advirtió que el decreto de emergencia económica debe aplicarse en todo el territorio nacional y que el Gobierno iniciará “las acciones jurídicas necesarias” contra quienes, mediante actos administrativos, desacaten la medida. En su intervención, criticó que la estrategia adoptada por algunos gobernadores constituya “un exabrupto jurídico”, pues consideró que atribuirse funciones de control constitucional usurpa competencias exclusivas de la Corte Constitucional. El funcionario subrayó que ni la “excepción de inconstitucionalidad” ni otros mecanismos pueden ser invocados legítimamente para desconocer el decreto en las condiciones actuales.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idarraga, manifestó:
«Se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno».
«¡Un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno. De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del Decreto cuestionado.
¿Será que pretenden desconocerlo vía excepción de inconstitucionalidad?
Cosa que tampoco es legítima invocar para el caso que nos ocupa. Se estarían abrogando competencias ajenas y desconociendo la constitución Política«.
En términos similares, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de algunos mandatarios como “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional estén quién tiene esa función” y señaló que invitar a no acatar una norma vigente equivaldría a usurpar funciones propias de la Corte Constitucional.
El escenario jurídico y político
La proclamada “rebelión de las regiones” se produce en medio de un debate jurídico intenso y con la mirada puesta en la Corte Constitucional, que aún no ha adoptado una decisión de fondo sobre la declaratoria de emergencia económica. Para el Gobierno, la norma es un instrumento temporal necesario ante el déficit fiscal y la falta de aprobación de una reforma tributaria en el Congreso. Para los gobernadores y varios sectores críticos, la medida sobrepasa los límites constitucionales asignados al Ejecutivo y representa una amenaza a la autonomía financiera de las regiones.
Redacción Nacional | Focus Noticias