Una red criminal integrada por funcionarios públicos y particulares fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación que dejó al descubierto el cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de manipular procesos judiciales por lavado de activos.
En operativos realizados en Bogotá, Chiquinquirá, Pereira y Granada (Meta), las autoridades capturaron a nueve presuntos integrantes del entramado corrupto, entre ellos cuatro uniformados activos de la Policía Nacional, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres exfuncionarios vinculados a la Policía y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Según la Fiscalía, los hoy capturados habrían exigido pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, con el fin de evitar medidas cautelares de extinción de dominio, frenar órdenes de captura y favorecer decisiones judiciales a su favor.
Las investigaciones indican que los hechos se habrían presentado en distintos momentos entre 2014 y 2025. En algunos casos, los implicados se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde incluso habrían mostrado información reservada de procesos judiciales para ejercer presión y reforzar los cobros ilegales.
El ente acusador también estableció que varios de los implicados, aprovechando sus funciones de policía judicial, habrían eliminado pruebas, alterado evidencias y constreñido testigos para entorpecer las investigaciones. Además, se les señala de intimidar a un investigador líder para obtener acceso indebido a expedientes sensibles.
Los capturados serán imputados, según su presunta participación, por delitos como concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad.
La Fiscalía aseguró que estas actuaciones hacen parte de un Grupo de Tareas Especiales creado para combatir la corrupción dentro de la entidad y reafirmó que la información se divulga por razones de interés general.