Paro armado del ELN: ¿Trump los tiene acorralados?
El anuncio del ELN de imponer un paro armado de 72 horas, entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025, no es un mensaje aislado ni un gesto improvisado. Es la reacción de un grupo terrorista que siente cómo se estrecha el cerco internacional contra sus redes criminales y que busca mostrar, a través del miedo y la coerción, un poder territorial que ha tomado con actos viles y que ha cobrado la vida de colombianos de a pie y de valerosos integrantes de nuestra Fuerza Pública.
El comunicado, presentado como una supuesta “protesta” contra el “plan neocolonial” del presidente estadounidense Donald Trump, es, en realidad, la evidencia más contundente de que los señalamientos de Washington sobre los vínculos del ELN con el Cartel de los Soles en Venezuela no solo tienen fundamento, sino que están generando efectos reales sobre la estructura militar y financiera del grupo.
El politólogo Armando Mercado lo explica con claridad: los paros armados son repertorios de violencia diseñados para demostrar control territorial y desafiar al Estado. No son retenes improvisados ni hechos aislados; son operaciones que paralizan municipios completos, afectan el comercio, restringen la movilidad y someten a las comunidades a un régimen de miedo. En términos prácticos, un paro armado es una demostración pública de que un grupo criminal se cree con la autoridad de decidir quién puede trabajar, transitar o vivir con tranquilidad. Y el ELN ha decidido enviar este mensaje justo cuando el gobierno de Trump aumenta su presión contra las redes del narcotráfico que operan entre el Caribe venezolano y Colombia.
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Hablan de una supuesta amenaza de “intervención imperialista” y de un “saqueo de recursos naturales” que, según ellos, justifican paralizar al país. Lo hacen justo después de las declaraciones de Trump, quien advirtió que Colombia podría ser el segundo país en caer bajo el radar de una intervención si sigue creciendo la industria del narcotráfico. No son coincidencias, mucho menos cuando se trata de organizaciones armadas que responden a intereses regionales.
La realidad es más simple: la estrategia estadounidense de control marítimo en el Caribe —tan criticada, por cierto, por sectores afines al gobierno Petro— está funcionando. Las operaciones aeronavales han afectado rutas históricas del narcotráfico, han presionado a los socios venezolanos del ELN y han obligado al grupo a replegarse y responder con gestos de fuerza interna. Quienes atacaron esas medidas alegando “intervencionismo” no quieren reconocer lo evidente: el narcotráfico no se combate con discursos sobre “paz total” ni con cesiones unilaterales a grupos criminales, sino con acciones contundentes que afecten sus líneas de suministro, sus rutas y sus alianzas internacionales.
El paro armado es también una advertencia que surge desde un grupo que se ha consolidado en la frontera con Venezuela gracias a la protección —y, en muchos casos, la coordinación operativa— del régimen de Nicolás Maduro. El Frente de Guerra Oriental del ELN opera mayoritariamente con recurso humano venezolano, controla corredores estratégicos en el Catatumbo, la Serranía del Perijá y la cuenca del Orinoco, y tiene su centro político-militar dentro de Venezuela. Esto no es nuevo, pero sí cada vez más evidente ante el avance de las investigaciones estadounidenses sobre el Cartel de los Soles y la red militar venezolana que ha facilitado durante años las operaciones del ELN y otras estructuras criminales.
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Lo que estamos viendo hoy es el resultado de la reducción de la cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años. El alejamiento de la estrategia conjunta permitió que grupos como el ELN se expandieran en la frontera y consolidaran una guerra híbrida: guerrilla colombiana, logística venezolana y operaciones transnacionales.
Por eso, en mi intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes, insistí en que este Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de seguridad. Mientras el país se hunde en una crisis de orden público, Petro sigue priorizando mesas de diálogo estériles, alivios judiciales para criminales y un discurso romántico que desconoce la realidad del conflicto. Los territorios más olvidados —como La Plata, Huila, o El Limón, en Chaparral, mi departamento— siguen siendo los escenarios del abandono estatal. Allí donde el Estado retrocede, el ELN avanza. Allí donde el Gobierno paga a los delincuentes, a nuestros policías los siguen matando.
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El paro armado no es solo una expresión de violencia: es un síntoma. Un síntoma de que el ELN siente el impacto de la presión americana, teme un golpe mayor a sus redes y necesita demostrarle a sus socios en Venezuela que aún tiene capacidad operativa. Pero también es un recordatorio de que Colombia no puede seguir delegando su seguridad a discursos vacíos ni a procesos de paz sin condiciones.
Frente a un ELN que se declara en rebeldía contra Estados Unidos y que amenaza al país entero, Colombia necesita claridad, no ambigüedad; autoridad, no complacencia; aliados, no distancias inútiles fundamentadas en falsos patriotismos y en la reivindicación de una soberanía mientras el país sigue inundado de cultivos de hoja de coca y se desangra.
