Ambos exfuncionarios rechazaron las acusaciones de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos. La Fiscalía sostiene que lideraron un plan de $612.237 millones para direccionar convenios a congresistas y asegurar mayorías legislativas.
En una extensa y reveladora audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD. Ante la pregunta de la magistrada Aura Alexandra Rosero, ambos exfuncionarios aseguraron ser inocentes y se declararon en abierta oposición a los señalamientos del ente acusador.
“Soy inocente y no acepto cargos”, manifestó Bonilla. Por su parte, Velasco afirmó: “No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se declaró inocente tras escuchar los señalamientos del ente acusador. Durante la audiencia, al ser consultado por la magistrada sobre si aceptaba o no los cargos, Bonilla fue enfático en su respuesta: “Soy inocente y no acepto cargos”. Con esa afirmación, el exfuncionario dejó claro que rechaza por completo la imputación de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, delitos por los que la Fiscalía lo investiga dentro del escándalo de la UNGRD.
Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también negó cualquier participación en los hechos descritos por la Fiscalía y descartó la posibilidad de llegar a acuerdos con el ente acusador. En su intervención, reiteró que no tiene razones para negociar porque no cometió ningún delito: “No acepto cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy inocente”.
Los exministros niegan su participación en el supuesto plan criminal
La diligencia comenzó de forma mixta, con Bonilla presente en la sala y Velasco conectado de manera virtual. Tras la lectura de los cargos —concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos— la magistrada Rosero les informó que, desde ese momento, “obtienen la calidad de imputados”, así como la prohibición de enajenar bienes mientras avanza el proceso. La defensa de Bonilla, encabezada por el abogado Mauricio Pava, solicitó retirar el delito de concierto para delinquir, argumentando que la imputación “desconoce la naturaleza jurídica de los hechos”.
Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que los exministros habrían encabezado una estructura destinada a direccionar contratos estatales a congresistas a cambio de votos. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que ambos “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal”, impartiendo órdenes y coordinando reuniones con parlamentarios y funcionarios intermedios para asegurar mayorías a las reformas pensional y de salud.
Proyectos que describe la Fiscalía
Según el ente acusador, los exministros habrían operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024 un plan que involucró 79 proyectos que suman $612.237 millones, de los cuales 74 pertenecían a Invías y 5 a la UNGRD. De nueve propuestas iniciales, siete convenios se habrían concretado con el fin de “amañar el voto favorable de los parlamentarios”, especialmente en las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado; y Tercera y Cuarta de la Cámara.
La Fiscalía expuso convenios en municipios como Cotorra, Saravena, El Carmen de Bolívar, Puerto Concordia, Aguazul, Mistrató, Los Córdobas, Lorica y Tierralta, todos financiados por el Gobierno y presuntamente direccionados para ganar apoyo legislativo. Los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían sido piezas clave en la ejecución del plan, mientras que la exasesora María Alejandra Benavides aparece como testigo principal tras recibir principio de oportunidad.
Señalamientos contra Velasco y Bonilla: contratos por votos
En el caso de Velasco, la Fiscalía indicó que habría ordenado en junio de 2023 entregar contratos a congresistas para impulsar la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. Mencionó la cercanía con la senadora Martha Peralta, señalada como presunta articuladora política en esa comisión, así como al senador Julio Elías Chagüi, quien habría gestionado según la Fiscalía proyectos a nombre de varios parlamentarios.
A Bonilla lo ubicó como el responsable del direccionamiento de proyectos a través del Ministerio de Hacienda, con el apoyo de sus asesoras Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides. Según la imputación, Ramírez le indicó a Benavides que “para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar proyectos a favor de congresistas”, listado que incluía 71 iniciativas para ser financiadas desde el Ejecutivo.
La Fiscalía ratificó durante la audiencia la existencia de un «pacto criminal»
El ente acusador sostuvo que tanto Velasco como Bonilla “se concertaron entre sí y con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva para asegurar mayorías parlamentarias”. Para ello, habrían ofrecido “desarrollar proyectos, contratos o convenios a cambio de concurrencia y votación en las sesiones del Congreso”. La diligencia también mencionó reuniones en el Dapre, incluido el llamado “cónclave” del 27 de noviembre de 2023, organizado por Carlos Ramón González, hoy prófugo, donde se habría discutido la estrategia para lograr la aprobación de créditos públicos y reformas sociales.