Contraloría alerta crisis en el PAE: más de 2,5 millones de estudiantes se quedaron sin alimentación escolar

La Contraloría General de la República encendió nuevamente las alarmas sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al presentar, en el Foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, un diagnóstico que evidencia profundas fallas en la financiación, supervisión y calidad del servicio.

Durante su intervención, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que miles de niños, niñas y adolescentes siguen sin recibir el complemento alimentario esencial para su permanencia y bienestar en las instituciones educativas del país.

Una de las principales problemáticas señaladas es la recurrente desfinanciación del programa, una situación que impide cubrir a la totalidad de estudiantes que requieren el servicio. Aunque en 2025 el PAE beneficia a más de 5,5 millones de estudiantes, aún quedan 1.282.089 menores sin acceso a alimentación escolar. Para cerrar esa brecha se necesitarían $1,21 billones adicionales. Esta insuficiencia presupuestal también se refleja en los departamentos más afectados: Amazonas, Casanare y Guaviare no alcanzan ni el 50% de cobertura, y en el caso de la ETC de Sahagún, la cobertura apenas llega al 23%.

El panorama financiero es igualmente preocupante. Solo entre 2024 y 2025, la Contraloría encontró 30 hallazgos fiscales por $7.974 millones, relacionados principalmente con sobrecostos y pagos sin los debidos soportes de ejecución. Desde 2020 hasta el primer semestre de 2025, el programa ya acumula más de 813 hallazgos de control fiscal, incluidos 185 con incidencia fiscal por más de $55.500 millones, de los cuales más del 60% corresponde a sobrecostos. La entidad también recordó que, en 2023, auditorías realizadas a 17 Entidades Territoriales Certificadas permitieron evaluar recursos por $1,9 billones y detectar 27 hallazgos fiscales por $7.964 millones, con las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos concentrando los casos más graves.

La falta de oportunidad en la prestación del servicio es otro de los puntos críticos. Según reportes de la Contraloría y de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), 2.570.291 estudiantes no recibieron el PAE en 2023 durante su jornada académica. A estos problemas se suman retrasos en la contratación, dificultades en el suministro, suspensiones temporales del servicio y falencias en la logística, especialmente en zonas apartadas.

El informe también alertó sobre las deficiencias estructurales en las cocinas y espacios de preparación de alimentos, que comprometen la inocuidad y calidad del servicio. Fallas en los equipos de refrigeración, comedores inadecuados, problemas de acceso a agua potable y menaje insuficiente afectan, según visitas de la Contraloría, a 135.629 estudiantes, cifra que ascendería a 281.224 según encuestas aplicadas. Las regiones más afectadas son Caribe y Centro Oriente.

Otro problema recurrente es el incumplimiento del porcentaje mínimo de compra local establecido en el programa (30%). La Contraloría identificó que el 47% de las sedes no prioriza alimentos cultivados en sus territorios, y regiones como Centro Oriente y Pacífico dependen en gran medida de proveedores externos. Esto no solo afecta a las economías campesinas, sino que encarece y dificulta la logística del PAE.

Pese al complejo panorama, el informe también destaca avances. Según el Contralor, el PAE ha contribuido a mejorar el rendimiento académico y a reducir significativamente los índices de deserción y repetición escolar, con disminuciones entre el 10% y el 25%. Para la entidad, estos resultados confirman el impacto positivo del programa en la permanencia estudiantil y refuerzan la urgencia de mejorar su implementación.

La Contraloría llamó a adoptar medidas efectivas para superar las fallas detectadas y garantizar que el PAE cumpla su objetivo esencial: asegurar que los estudiantes del país reciban una alimentación adecuada que favorezca su salud, aprendizaje y desarrollo integral. “Es indispensable mejorar los mecanismos de supervisión, asegurar la financiación y fortalecer los controles para que la alimentación escolar llegue con oportunidad y calidad”, concluyó el Contralor Rodríguez Becerra.