El jefe de la estructura criminal La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, pidió a los integrantes de su organización abstenerse de “cualquier tipo de acción violenta o alteración del orden público”, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable para su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La decisión final queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro.
En un mensaje Marín aseguró: “Sigo firme en la propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante. Mi solicitud de extradición se basa en cargos que rechazo”.
El aval de la Corte Suprema
La Sala de Casación Penal avaló la entrega del cabecilla a una Corte federal de Texas, que lo requiere por su presunta participación en el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando rutas que pasaban por Panamá y México.
La ponencia del magistrado Gerson Chaverra señaló que la documentación remitida por las autoridades norteamericanas —entre ellas declaraciones juradas y reportes de agentes encubiertos— cumple los requisitos de la cooperación judicial.
Uno de los testigos, identificado como el agente Wenceslao Sosa, afirmó que “Marín Silva actuaba como director ejecutivo de La Inmaculada, lo que incluía la implementación y el logro de los objetivos de la organización. Esto incluía el transporte y la distribución de cargas de varios kilogramos de cocaína”.
La Corte enfatizó que la condición de Marín como eventual gestor de paz o los acercamientos con el Gobierno no generan ningún tipo de inmunidad: se trata de trámites administrativos que no modifican el marco de extradición.
El tribunal también aclaró que no aplica la garantía de no extradición prevista para exintegrantes de las FARC, pues el caso no se enmarca en ese supuesto jurídico.
Con el concepto emitido, el expediente pasará al Ministerio de Justicia, que elaborará el proyecto de resolución para ser firmado —o negado— por el Presidente de la República.
¿Quién es alias “Pipe Tuluá”?
Marín Silva es señalado como el máximo cabecilla de La Inmaculada, considerada la estructura criminal más violenta del Valle del Cauca y con fuerte presencia en Tuluá y municipios cercanos.
Aunque se encuentra privado de la libertad desde 2015, las autoridades lo han identificado como una figura que mantenía incidencia en la organización incluso desde prisión.
En 2022, fue condenado en Colombia a 30 años de cárcel por los delitos de:
- Homicidio
- Secuestro extorsivo agravado
- Extorsión
- Tentativa de extorsión
- Concierto para delinquir agravado
Además, registros de la Fiscalía le atribuyen responsabilidad en 46 homicidios, acciones de terrorismo, amenazas y manejo de armas de uso privativo. Sobre él pesaban también órdenes de captura de Interpol.
Los hechos recientes: traslado y reactivación de la violencia
El pasado 4 de junio, “Pipe Tuluá” fue trasladado desde la cárcel La Picota a la Estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, como parte de la logística previa al proceso de extradición solicitado el 22 de mayo.
Ese mismo día, Tuluá vivió una oleada de violencia: vehículos incendiados, ataques armados y amenazas que obligaron a decretar toque de queda.
Hechos similares ya se habían registrado en ocasiones anteriores. Durante las elecciones regionales de 2023, La Inmaculada fue señalada de orquestar asesinatos de periodistas, dirigentes políticos y aliados de campañas locales, además de asesinatos de más de seis dragoneantes del Inpec.
De acuerdo con autoridades, estas acciones buscaban presionar al Gobierno para entablar una negociación directa, lo que derivó en reuniones con altos funcionarios y un cese temporal de hostilidades durante un mes.
Las operaciones de La Inmaculada según Estados Unidos
La documentación enviada por las autoridades norteamericanas describe a La Inmaculada como una red con potente capacidad logística, dedicada a la fabricación, acopio y transporte de cargamentos de droga hacia Norteamérica.
El grupo utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones sumergibles, barcos pesqueros, cargueros, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor para mover toneladas de cocaína desde laboratorios clandestinos en Colombia hasta ciudades como Dallas (Texas) y Denver (Colorado), en coordinación con carteles mexicanos.
Para las autoridades estadounidenses, Marín era el responsable de coordinar estas rutas, administrar subordinados y garantizar el flujo constante de cargamentos.
Lo que viene: decisión en Casa de Nariño
Con el concepto favorable de la Corte, el trámite pasa al Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro deberá decidir si autoriza la extradición. Antes de la firma, la defensa podrá presentar solicitudes administrativas —por razones de salud, familia o procesos internos—, pero estas no reabren la discusión jurídica ya resuelta por la Corte.
Si el Presidente firma la resolución, la entrega se coordinará con la Cancillería, la Fiscalía y el Inpec, quienes articularán el traslado del detenido para su entrega a los U.S. Marshals en un punto previamente convenido.
En paralelo, en Colombia continuarán abiertos los procesos por los delitos ya investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
Un caso emblemático en materia de cooperación judicial
La extradición de alias “Pipe Tuluá” representa uno de los trámites más sensibles en materia de colaboración judicial con Estados Unidos en los últimos años, no solo por la magnitud de los delitos imputados, sino por el impacto que su figura ha tenido en la seguridad del Valle del Cauca.
La petición de “no violencia” hecha por el propio cabecilla tras el aval de la Corte intenta evitar una nueva escalada armada, aunque las autoridades mantienen sus alertas elevadas frente a posibles reacciones de la organización criminal.
