Pereira fue escenario de un diálogo abierto sobre cómo la justicia puede ser motor de transformación social. Hasta la capital risaraldense llegó el Ministerio de Justicia y del Derecho para presentar los avances de una política que busca llegar a todos los territorios y poner en el centro a quienes representan el presente y el futuro del país: las juventudes.
En la Universidad Libre, autoridades nacionales, locales y jóvenes de Risaralda, Caldas y Putumayo participaron en el encuentro “Café del Mundo: Justicia que Transforma – Jóvenes, Territorio y Equidad”, donde la conversación giró alrededor de tres desafíos fundamentales: prevenir el delito juvenil, ampliar el acceso a la justicia y promover la convivencia pacífica a través del diálogo.
La viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Olga Lucía Claros Osorio, destacó que los jóvenes no solo deben ser considerados beneficiarios de las políticas públicas, sino actores directos en su diseño e implementación. Bajo esta visión nació la estrategia “Articular + Prevenir = Futuro Seguro”, orientada a que adolescentes y jóvenes no ingresen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y, si ya lo hicieron, cuenten con herramientas para no reincidir.
El impacto comienza a verse reflejado en cifras. De acuerdo con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la última década los ingresos al SRPA disminuyeron un 96,41 %, una reducción histórica que demuestra que la prevención y la protección integral sí transforman vidas. A esto se suma el fortalecimiento institucional, con más de 900 profesionales formados y acompañamiento técnico directo a comités del SRPA en buena parte del país.
Más allá de los números, el Ministerio subrayó que cada joven que logra evitar el delito es también una familia que se fortalece, una comunidad que se pacifica y un territorio que se proyecta en equidad.
El encuentro también fue una vitrina para exponer avances en materia de acceso a la justicia. El Viceministerio de Promoción de la Justicia resaltó iniciativas para llegar a poblaciones rurales, étnicas y vulnerables mediante estrategias como Entornos Protectores en 92 municipios, Comisarías Móviles que llegan a donde antes no había Estado, y herramientas digitales como LegalApp y JustiFácil que simplifican los trámites para la ciudadanía.
La construcción de una justicia que reconozca la diversidad cultural también ocupó un lugar central. El reconocimiento de la Kriss Romaní como sistema de justicia del pueblo Rrom y el trabajo conjunto con autoridades indígenas para la construcción del proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional demuestran que Colombia avanza hacia un modelo más pluralista e incluyente.
A ello se suman progresos en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. El Gobierno ha firmado convenios con 11 departamentos y 117 municipios para fortalecer mecanismos como la conciliación en equidad, que ya se extendió a todas las regiones del país. Solo este año, más de 47.000 personas han sido beneficiadas con más de 23.000 conciliaciones, reflejo de una justicia que apuesta por el diálogo y la paz cotidiana.
Los funcionarios recalcaron que prevenir el delito y construir convivencia es una tarea compartida entre Estado, escuelas, familias y comunidades. Por eso, seguirán recorriendo los territorios, escuchando a las juventudes y acercando la justicia a quienes más la necesitan.
“Si articulamos esfuerzos y prevenimos riesgos, aseguramos el futuro de nuestros adolescentes y jóvenes”, concluyó la viceministra Claros ante un auditorio que respondió con aplausos y propuestas.
En Pereira quedó claro que cuando se abre la puerta al diálogo y a la participación juvenil, la justicia no solo se administra: se siente, se transforma y llega verdaderamente a los territorios.
