Contraloría urge una nueva concesión vial para el primer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio y pide más recursos para atender la emergencia del kilómetro 18
La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que estructuren una concesión vial que permita la financiación, construcción, operación y mantenimiento del primer tramo de la vía Bogotá Villavicencio, comprendido entre Usme y Cáqueza, afectado por graves deslizamientos como el registrado recientemente en el kilómetro 18.
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Durante una visita de seguimiento a la zona, el órgano de control expresó su preocupación por los constantes derrumbes que impiden el flujo vehicular entre Bogotá, Villavicencio y Yopal, y advirtió que los $9.134 millones ya asignados para obras de remoción, contención y estabilización del terreno son insuficientes para atender la magnitud de la emergencia. Por ello, instó a las autoridades a definir nuevas fuentes de recursos que garanticen la recuperación total del corredor.
La Contraloría destacó que mientras los tramos concesionados entre Cáqueza y Villavicencio cuentan con una doble calzada de 52 kilómetros y óptimas especificaciones técnicas gracias a los contratos suscritos con COVIANDES y COVIANDINA, el primer tercio de la vía —de 34 kilómetros— solo tiene labores de operación y mantenimiento, sin que se hayan ejecutado obras de modernización:
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Según la ANI, el derrumbe del kilómetro 18, que desplazó más de 200.000 metros cúbicos de tierra, fue un evento “imprevisible e irresistible” que excede las obligaciones contractuales del concesionario. Sin embargo, la Contraloría insistió en la urgencia de una solución estructural que atienda los casi 60 puntos críticos de alto riesgo identificados en ese tramo.
El ente de control recordó que el Estado ha invertido más de $11 billones en el corredor vial Bogotá–Cáqueza–Villavicencio–Yopal entre 1994 y 2024, y advirtió que los continuos cierres desde 2018 han generado pérdidas superiores a $1,5 billones en los departamentos del Meta y Casanare.
Finalmente, la Contraloría subrayó la importancia estratégica de este corredor vial para el desarrollo económico del país, al conectar el centro con los Llanos Orientales y la Orinoquía, regiones claves para el crecimiento agroindustrial y la seguridad alimentaria de Colombia.
