El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre la falta de recursos para garantizar la implementación de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en particular aquellas relacionadas con la reparación de las víctimas y las sanciones propias que surjan de los macrocasos en curso.
Según el organismo de control, el Gobierno Nacional debe prever y asegurar, desde el punto de vista administrativo y financiero, la ejecución de las sentencias que buscan reparar a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $20 mil millones de los $500 mil millones que se requieren para el cumplimiento de estas medidas.
La Contraloría destacó que, ante la JEP, se han acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340 mil personas integradas en sujetos colectivos. No obstante, advirtió que actualmente no existen recursos asignados dentro del Presupuesto General de la Nación para financiar los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR), ni claridad sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo de estas sanciones.
Otro punto de preocupación es la baja monetización de los bienes entregados por las extintas FARC. De acuerdo con auditorías realizadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2022 y 2024, los recursos obtenidos a partir de esos bienes han sido insuficientes para respaldar los procesos de reparación de las víctimas.
La entidad también señaló debilidades en la articulación y coordinación interinstitucional para la implementación de las sanciones propias, lo que podría comprometer la eficacia de las medidas restaurativas y afectar la seguridad jurídica de los comparecientes.
“El riesgo de no contar con una financiación adecuada es que se produzca una implementación ineficaz, con consecuencias como la revictimización, la frustración de las comunidades y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”, advirtió el Contralor Rodríguez.
Con este panorama, la Contraloría insistió en la necesidad de garantizar la asignación oportuna y suficiente de recursos, así como en el fortalecimiento de la coordinación institucional, para que las decisiones de la JEP se traduzcan en una reparación real y efectiva para las víctimas y en un aporte concreto a la paz y la reconciliación del país.
