Más impuestos, menos inversión, más corrupción. Imagina que llegas al supermercado y ves cómo, poco a poco, todo lo que habitualmente compras sube de precio: el arroz, el café, la pasta, el aceite, incluso la cerveza del fin de semana. Ahora súmale que la gasolina se dispara y que moverte en transporte público o comprar una motocicleta para trabajar se vuelve casi imposible. Eso, eso en pocas palabras, es lo que significa la nueva reforma tributaria que el Gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso el pasado lunes 1 de septiembre.
El presidente lo dijo sin rodeos: si no aprueban la reforma, toca subir la gasolina, porque —según él— el verdadero hueco fiscal está ahí. Y remató con una frase que ya ha levantado ampolla: “el pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las cuatro puertas”. Como si la crisis del bolsillo tuviera marca de carro y no rostro de millones de familias que todos los días se suben a un bus, a un taxi o a un carro de servicio especial que depende, precisamente, de la gasolina.
Todos sabemos lo que pasa cuando la gasolina sube: sube el transporte, suben los alimentos y al final, sube el costo de vida de todos los colombianos. El alza de la gasolina no discrimina, así el gobierno pretenda minimizar su impacto o sostener lo contrario. No es un tema de ricos o pobres, es un tema que impacta y de qué manera, y afecta además a todos por igual, y compromete la subsistencia y supervivencia especialmente de los más desposeídos.
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Pero la gasolina no es la única preocupación. La reforma plantea subir el impuesto a las motos de más de 200 centímetros cúbicos del 8 al 19%. Puede sonar técnico, pero lo traduzco con un simple ejemplo: si una moto cuesta 8 millones, hoy el impuesto es de 640 mil pesos. Con la reforma, ese impuesto sería de un millón 520 mil, lo que representa más de un salario mínimo legal mensual vigente. En plata blanca, la moto ya no costaría 8 millones 600 mil, sino más de nueve millones quinientos mil pesos. ¿Y quiénes compran motos en Colombia? Más de 12 millones de personas. El 62% de todos los vehículos que ruedan en el país son motos. Y la mayoría de esos compradores, el 92%, óigase bien, el 92% son ciudadanos de a pie, de estratos 1, 2 y 3. Gente trabajadora, gente que necesita la moto para ir a su empleo, para hacer domicilios, para transportar mercancías. De hecho, un tercio de los motociclistas en Colombia, unos 4,2 millones, dependen y viven literalmente de la moto, la cual no sólo les sirve como medio de transporte, sino que la misma resulta necesaria para la actividad que desarrollan a fin de generar ingresos de subsistencia; y sin la cual no podrían generar dichos ingresos. Como quien dice, sin la motocicleta que ya difícilmente podrán adquirir por cuenta de esta regresiva reforma tributaria, sus ingresos se vendrán al piso.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿de verdad son ellos los privilegiados que el Gobierno quiere castigar con más impuestos?
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La reforma también incluye un IVA del 5% para productos que hacen parte de la mesa de todos los días, lo que se conoce como la canasta familiar: café, arroz industrial, harinas, aceites, pastas… hasta el chocolate de mesa entraría en dicha lista. Es decir, productos básicos que cualquier hogar colombiano consume.
Y no se queda ahí. Petro quiere duplicar el impuesto al carbono, lo cual marchitaría gravemente dicho sector, del cual no solo se obtienen por parte del Estado importantes recursos para financiar los programas sociales, sino que se trata de un sector vital para la mismísima transición energética.
También quieren poner IVA a las cuotas de administración en edificios y a los parqueaderos. La reforma tributaria aumenta impuestos a las cervezas y a los licores. ¿Qué significa esto? Que tomarse una cerveza en la esquina, o un aguardientico en familia, será más caro. Y aunque algunos digan que “eso no es un producto de primera necesidad”, en Colombia termina siéndolo indirectamente, porque son millones de colombianos quienes como pequeños emprendedores de bares, gastrobares, restaurantes, tenderos y en general familias, derivan su sustento y economía de la comercialización de dichos licores, cuyo consumo se vendrá a pique por los exagerados impuestos.
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Otro, otro de los grandes problemas de la reforma es que le sube aún más los impuestos a las empresas. Las cargas impositivas podrían llegar hasta el 50% en algunos sectores lo cual hace que los mismos sean claramente confiscatorios. ¿Y qué pasa cuando a una empresa le suben tanto los impuestos? Pues produce menos, invierte menos, contrata menos trabajadores. Sin inversión no hay empleo. Y sin empleo, no hay ingresos. Es un círculo vicioso que golpea directamente a los colombianos de a pie.
Y aquí viene la gran contradicción. Mientras el Gobierno pide más y más ingresos a través de más impuestos, se conocen más escándalos de corrupción. Además el presupuesto que presentó aumenta el gasto público en un 37%. Sí, 37%. Y lo más indignante es que al mismo tiempo, recortan recursos para educación, salud y vivienda. Es decir, los sectores más importantes reciben menos, mientras la burocracia recibe más.
Entonces, ¿de qué sirve que le saquen más plata a la gente si lo que realmente se necesita —que es la inversión social en las regiones— se queda sin financiamiento por falta de asignación de recursos?
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La nueva reforma tributaria se vende como la única solución para tapar el hueco fiscal que ha profundizado este gobierno. Pero al mirar de cerca, lo que vemos es que aprieta y estrangula a los trabajadores, a la clase media, a los que usan moto para vivir, a los que consumen productos básicos, y a las empresas que todavía, pese a todo, siguen creyendo en Colombia, que subsisten pese a todas las cargas tributarias, y que no resisten un impuesto más.
