Como resultado del nuevo modelo predictivo de contratación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Contraloría General de la República detectó irregularidades en 718 contratos en ejecución que fueron suscritos por responsables fiscales inhabilitados.
Esta anomalía se descubrió luego de que la DIARI realizara un cruce de información entre las bases de datos de contratación pública (SECOP I y II) correspondientes al período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025, y los registros de responsables fiscales contenidos en el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (SIBOR).
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El análisis incluyó contratos suscritos durante dicho período, así como aquellos cuya ejecución estuviera vigente a corte del 31 de mayo de 2025. Se relacionaron personas naturales y jurídicas con fallos de responsabilidad fiscal debidamente identificados en SIBOR (número de fallo, boletín, proceso e identificación), verificando si, a la fecha de suscripción del contrato, dichas personas registraban una inhabilidad vigente o en curso.
Como resultado del cruce, se identificó contratación con responsables fiscales inhabilitados. En total, se registraron:
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30 contratos en ejecución por 24 responsables fiscales, con un valor agregado de $20.247 millones.
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688 contratos suscritos por 287 contratistas, por un valor total de $737.871 millones, quienes habrían estado inhabilitados al momento de la firma contractual. En estos casos, se observó que los contratistas resarcieron su obligación fiscal con posterioridad a la suscripción o que la ejecución del contrato finalizó antes de su exclusión del boletín SIBOR.
Adicionalmente, se evidenció que dos de estos contratistas habían sido previamente identificados en alertas emitidas por la Contraloría en vigencias anteriores, debido a observaciones relacionadas con la ejecución contractual o situaciones de inhabilidad:
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Caja de Compensación Familiar del Caquetá, inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur, por un valor de $159.977.528.
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Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – COMFAMILIAR, inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por un valor de $47.949.700.
La Contraloría General de la República emitirá las alertas correspondientes y continuará ejerciendo control fiscal concomitante y preventivo sobre estos casos, con el objetivo de advertir posibles riesgos en la contratación pública y promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades.
Los resultados serán puestos en conocimiento de las entidades competentes para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones.
