El congresista Andrés Calle fue capturado por el CTI de la Fiscalía y se encuentra en los calabozos del Búnker, tras la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción en la UNGRD.
La presión judicial sobre los presuntos implicados en el caso de la UNGRD no da tregua. Horas después de que la Policía capturara al expresidente del Senado, Iván Name, se entregó el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden de captura en su contra, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y libró la orden de captura de los dos congresistas, la cual ya se hizo efectiva. Igualmente se ordenó a la Mesa Directiva del Congreso que proceda a la suspensión de Name y Calle de sus funciones.
Andrés Calle, expresidente de la Cámara, fue capturado en la casa de un familiar. En las próximas horas se definirá el lugar de reclusión mientras avanza el juicio por caso UNGRD
«La decisión será acatada en su integridad»
El congresista cordobés reaccionó a través de un comunicado divulgado por su equipo jurídico, la firma Torres Cortés & Asociados. Aunque manifestó no compartir la decisión de la Corte, aseguró que la respetará y que la enfrentará como una oportunidad para ejercer su defensa.
“Si bien no se comparte la decisión, esta será acatada en su integridad y será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa… con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”
Y Agregó: “El representante CALLE AGUAS reafirma su inocencia, su compromiso con la transparencia, su convicción democrática y su disposición de colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, confiando plenamente en que, a través de los mecanismos legales, se esclarecerán los hechos y se demostrará su ajenidad respecto de los señalamientos que han sido objeto de pronunciamiento”, dice el comunicado del abogado Billy Torres.
Andrés Calle insiste en su inocencia y afirma estar dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades judiciales, reafirmando su “convicción democrática” y su confianza en que los hechos se aclararán en el marco del debido proceso.
Funcionarios Detenidos
Entre los exfuncionarios actualmente privados de la libertad se encuentran Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad; y Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera para las regiones en la Presidencia de la República. Pinilla, por su parte, firmó un acuerdo con la Fiscalía que le permitió acceder a una reducción de su condena a cambio de colaborar con la justicia. El pasado 29 de abril se convirtió en el primero de los implicados en recibir una sentencia: cinco años y ocho meses de prisión por su participación en los hechos.
El contexto
El testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, ha sido clave para destapar esta red de corrupción. Según su relato, entregó personalmente mil millones de pesos en efectivo a Andrés Calle en su apartamento en Montería, como parte de un pago gestionado por Olmedo López, entonces director de la entidad, con supuesta autorización del exjefe del DAPRE, Carlos Ramón González.
El dinero habría sido trasladado de Bogotá a Montería a través de criptomonedas para evitar controles. “La plata la llevaron mediante criptomonedas de un sector al otro. Entregué aquí 1.000 millones de pesos y me entregaron 1.000 millones de pesos en Montería (…) porque 1.000 millones de pesos no se pueden llevar en el avión hacia Montería, entonces había que buscar una forma de colocarlos en Montería. ¿Y cuál era la mejor forma? A través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque entregas aquí y al otro día te entregan en el otro sitio”, Entro a una habitación y le digo que no le puedo dejar el morral. Él saca una maleta de esas de viaje, grandes y plásticas, y ahí cuento los 1.000 millones de pesos. En ese momento le digo: ‘Listo, doctor, pues ya avísele al doctor Olmedo’detalló Pinilla.”, afirmó Pinilla. La entrega final, dice, se produjo el 14 de octubre de 2023.
La motivación del soborno, según el testimonio, habría sido política: se habría pactado para asegurar el respaldo de la familia Calle en las elecciones presidenciales del Pacto Histórico y en las campañas locales en Córdoba.
Durante una de las audiencias, la Fiscalía afirmó que Olmedo López habría coordinado la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, utilizando como intermediaria a la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova.
Asimismo, el ente acusador indicó que se habría entregado una suma adicional de 1.000 millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien en ese momento ejercía como presidente de la Cámara. Esta acción, según la Fiscalía, se realizó siguiendo instrucciones de Carlos Ramón González Merchán, quien ocupaba el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en esa época.
Una estructura organizada
El relato de Pinilla sugiere la existencia de una organización estructurada y meticulosa para la entrega del dinero. “El congresista me pidió que no dejara el morral, sacó una maleta grande y ahí conté los billetes. Me agradeció y me fui”, relató.
El dinero, según Olmedo López, fue utilizado para financiar las campañas políticas del hermano y el padre de Calle. “No se podía permitir que, siendo presidente de la Cámara y aliado del Gobierno, su familia perdiera en Córdoba”, dijo López en su declaración.
El impacto legal
Calle, al igual que Name, enfrenta investigaciones por los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación. Las penas, de comprobarse su responsabilidad, podrían alcanzar los 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
Ambos legisladores han negado las acusaciones y alegan que los testimonios en su contra carecen de veracidad. No obstante, el magistrado Francisco Farfán, ponente del caso, consideró que los documentos, interceptaciones y declaraciones recopiladas hasta ahora justifican la medida de aseguramiento.
Sillas vacías
El Congreso enfrenta ahora el peso simbólico y político de dos sillas vacías. Tanto el Partido Verde como el Partido Liberal —a los que pertenecen Name y Calle, respectivamente— no podrán reemplazar sus curules, según la figura legal que impide hacerlo en casos relacionados con corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria, resolvió la situación jurídica de los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
Los congresistas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo.
La Sala consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas entre tanto avanza la investigación en su contra.
