Este martes 18 de marzo, la agenda política de Colombia se enciende con la implementación del Día Cívico para la Participación Ciudadana, declarado por el presidente Gustavo Petro en un intento por promover la consulta popular sobre reformas sociales, especialmente después del hundimiento de la reforma laboral en el Senado.
El decreto firmado por el presidente establece que este día será una jornada para fomentar la participación pública de manera pacífica, asegurando que los colombianos tengan la oportunidad de manifestarse. Según el documento, las entidades públicas del orden nacional y local deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación. Este decreto, que ya ha provocado debates y reacciones encontradas, tiene como objetivo poner en marcha la consulta popular que Petro ha propuesto para confrontar lo que considera un «bloqueo institucional» a sus reformas.
Consejo de Ministros cancelado
El Consejo de Ministros, previsto para ser transmitido en vivo, fue cancelado. Este consejo, que tradicionalmente se transmite los lunes en horario estelar por canales privados y públicos, se había planeado como la antesala de las movilizaciones, en las cuales el presidente pretendía promover la consulta popular ante la opinión pública. Aunque las razones de la cancelación no fueron detalladas oficialmente, la medida fue interpretada como una estrategia para redirigir la atención hacia la jornada de movilización.
Rechazo de Alcaldes y Gobernadores
La declaración del 18 de marzo como día cívico ha desatado un intenso pulso entre el presidente y varios mandatarios locales. Alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga han decidido no acoger la medida, argumentando que no es el momento para suspender actividades y que el gobierno debe respetar la autonomía de las ciudades.
A pesar de la oposición de varios alcaldes, el presidente Petro ha defendido la medida como un derecho ciudadano fundamental, destacando que el decreto no solo busca convocar a la movilización, sino también garantizar un espacio democrático para aquellos que deseen apoyar las reformas. «Los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan», afirmó el mandatario.
La Marcha: ¿El Inicio de una Estrategia Política?
Este Día Cívico coincide con un momento crucial para las reformas laborales, pues este martes se votará la ponencia negativa de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Este contexto ha llevado a muchos a interpretar el decreto como una estrategia para presionar al Congreso y renovar el impulso de las reformas sociales que Petro ha prometido. Para algunos analistas políticos, la jornada de manifestaciones no solo es una expresión de la lucha por las reformas, sino también el inicio de una campaña electoral para el presidente, con miras a las elecciones de 2026.
La convocatoria de Petro ha comenzado a ganar apoyo en diversos sectores sociales. Centrales obreras y organizaciones indígenas han mostrado su respaldo a la movilización, con seis organizaciones indígenas anunciando una minga nacional en apoyo a las reformas estructurales que se proponen. Estos grupos, como el Cric y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), han expresado su solidaridad con las demandas populares y su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables.
