La Personería de Bogotá atendió un total de 13.139 solicitudes de conciliación durante el año 2024, logrando en 4.917 casos acuerdos que evitaron la apertura de procesos judiciales. Este mecanismo, que permite a las partes resolver sus conflictos de manera gratuita, se brinda a través del Centro de Atención a la Comunidad (CAC), cuatro supercades (CAD, Américas, Bosa y 20 de Julio) y dos cades (Servitá y Suba).
El 63% de las solicitudes de conciliación correspondieron a asuntos civiles, mientras que el 37% estuvieron relacionadas con temas de familia. Los principales conflictos atendidos incluyeron responsabilidad civil (como inquilinos que no pagan arriendos o accidentes de tránsito), alimentos, restitución de inmuebles, liquidación de unión marital de hecho y contratos de compraventa.
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Jorge Elías Pachón, uno de los beneficiarios del servicio, logró conciliar con su inquilino tras una deuda de seis meses de arriendo. «Gracias a la ayuda de la entidad llegamos a un acuerdo beneficioso para ambos, y espero que se cumpla», manifestó. Por su parte, David Guevara recurrió a la Personería tras un accidente de tránsito con un bus del SITP. «Queremos que la empresa se haga responsable del pago total de los daños ocasionados a mi carro», afirmó.
Adicionalmente, el Ministerio Público Distrital atendió 154 solicitudes de conciliación en rendiciones de cuentas y 77 casos relacionados con deudas, propiedad horizontal, vecindad, garantías de posesión, servidumbres y perturbación de la tenencia. También se lograron 79 acuerdos de apoyo y directivas anticipadas en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad.
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El Centro de Conciliación de la Personería también brindó orientación y asistencia a 3.183 personas, tanto presencial como virtualmente, para determinar el mecanismo más expedito para sus necesidades legales. Adicionalmente, se expidieron 8.045 constancias de no acuerdo, permitiendo que las partes agotaran el requisito de procedibilidad para iniciar un proceso judicial.
La conciliación sigue consolidándose como una alternativa eficaz para la resolución de conflictos en la capital, reduciendo la carga en los despachos judiciales y promoviendo acuerdos que beneficien a las partes involucradas.
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